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Una nueva Ley de Desarrollo Social para la Ciudad de México

programas sociales

Las reformas establecen las reglas de operación y mecanismos de evaluación de los programas sociales.

Después de 16 años contaremos con una Ley de Desarrollo Social reformada para garantizar que la evaluación, la transparencia y el combate a la corrupción sean elementos fundamentales de la política social de la Ciudad de México.

En el año 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; sin embargo, esta norma necesitaba apegarse a los principios de los derechos humanos y la protección de datos personales, así como actualizarse en materia de fiscalización del gasto social.

Tenemos, ante todo, el reto de que las políticas sociales deben ser de carácter integral, coordinado y participativo para otorgar soluciones estructurales y permanentes a los problemas de pobreza, vulnerabilidad y marginación social.

Es por ello que impulsamos una reforma integral a la Ley de Desarrollo Social, para que se convierta en una ley al servicio de la gente, estableciendo que los programas de desarrollo social se rijan por reglas de operación y mecanismos de evaluación, con los que se prevea la protección y el uso responsable de la información.

La Ley de Desarrollo Social que aprobamos ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el 14 de septiembre pasado, se convirtió en un parteaguas para el desarrollo social de nuestra metrópoli, porque sienta las bases de un sistema de protección social con una visión integral, estratégica y de largo alcance:

  1. Nuevos mecanismos para la inconformidad y protección de los beneficiarios, evitando el condicionamiento político o el uso partidario.
  2. Se da por primera vez en la Ciudad de México un espacio al Derecho al Olvido… lo que significa que una vez que un dato oinformación personal en posesión de instituciones públicas se considera obsoleto, o no relevante, deberá ser eliminado de manera universal.
  3. Se dota a la Secretaría de Desarrollo Social de mecanismos para la recepción y administración de bases de datos y padrones de personas beneficiarias con el fin de mejorar la eficiencia del gasto social.
  4. Se establece, de manera clara, la diferencia entre un programa social y una acción institucional de desarrollo social, así como entre persona derechohabiente y beneficiaria.
  5. Se crea un Padrón Unificado de Beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de la ciudad y de las 16 delegaciones, para evitar duplicidad de esfuerzos y de beneficiarios.

Una vez más, los diputados de la VII Legislatura, hemos demostrado que, por encima de intereses partidistas, trabajamos y legislamos para el bienestar de la gente, para que niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores tengan los derechos humanos en materia de desarrollo social.

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