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Una nueva forma de impartir justicia en la CDMX

El nuevo sistema de justicia debe quedar plasmada en la Constitución de la cuidad.

La justicia es uno de los valores sociales más importantes, sobre todo, en contextos en los que resulta indispensable combatir la delincuencia y la corrupción, así como garantizar el pleno desarrollo de las personas.

Los Gobiernos tienen como objetivo fundamental alcanzar el mayor grado de justicia posible, y para ello, realizan distintas acciones, dentro de las que se encuentra la mejora al sistema jurídico existente.

Dentro de este marco jurídico se encuentran las leyes y códigos penales, cuyo principal objetivo es proteger lo más importante para las personas: su vida, libertad, integridad y dignidad. Para lograr lo anterior, las reglas procesales, a través de las cuales se analiza la posible comisión de un delito y la probable responsabilidad de una persona, deben garantizar una impartición de justicia pronta y expedita.

Gracias a la reforma constitucional del 2008 por la que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se incorporó a nuestro orden jurídico, las reglas procesales penales preven una mayor participación de las víctimas en los juicios, con el fin de garantizar su derecho al debido proceso; también, en armonía con la obligación de respetar los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia se consolidó como presupuesto básico de cualquier procedimiento judicial.

Si bien la oralidad de las actuaciones a lo largo del proceso y el carácter acusatorio son dos de los aspectos más conocidos de este nuevo sistema, los mecanismos previos de solución de conflictos en ciertos casos en los que no exista alguna circunstancia grave, agilizan la impartición de justicia y la reparación de daños.

Este año entró en vigor, de manera integral en nuestro país, este nuevo Sistema, mismo que se ha consolidado, junto con la reforma política de la Ciudad de México, como uno de los cambios paradigmáticos más relevantes de los últimos años en nuestra Ciudad. Ambas transformaciones abren la puerta a una nueva etapa jurídica, política y social en nuestra ciudad cuyas bases estarán plasmadas en la primera Constitución de la Ciudad de México.

Sin duda no se trata de un sistema perfecto, sino perfectible; por ello, las tareas de hacer funcional esta nueva manera de impartir justicia e identificar áreas de oportunidad, es de todos: la sociedad civil, las instituciones, las personas que intervienen en los juicios y los servidores públicos, con independencia de cuestiones ideológicas o políticas, e implica uno de los mayores retos que ha enfrentado nuestro país. Dependerá de todos los actores que intervienen en el proceso penal que el Sistema Acusatorio sea en efecto transparente y sencillo, y garantice los derechos humanos de todas las personas.

Existe el compromiso y la voluntad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los niveles federal y local para asegurar, en el ámbito de sus atribuciones, el funcionamiento de este Sistema. En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha resaltado que las bondades de este nuevo sistema podrán influir en todo el enramado institucional, de manera que avancemos hacia una justicia cada vez más clara, directa, transparente y accesible.

En armonía con la nueva etapa que está viviendo la CDMX con motivo de la mencionada reforma en materia penal y de la reforma política de la Ciudad, será importante que los principios rectores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio queden plasmados en nuestra Constitución, documento rector de nuestra vida como Ciudad.

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