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Las fotomultas y su constitucionalidad

Mostrar cómo los siniestros, y sobre todo las muertes y lesiones disminuyen con las fotomultas, será el mejor argumento para defender su pertinencia.

Por Armando Pliego, Dana Corres, Mercurio Cadena y Paco de Anda

La velocidad como factor de riesgo

La velocidad inapropiada es el factor más importante que contribuye al problema de las lesiones en la vía pública que enfrentan muchos países. Cuanto más alta es la velocidad, mayor es la distancia requerida para poder frenar y por lo tanto, mayor el riesgo de sufrir una colisión vehicular.

Dado que durante un impacto de alta velocidad debe absorberse más energía cinética, hay un riesgo mayor de sufrir lesiones si llegara a producirse una colisión. El control de la velocidad es una herramienta muy importante para mejorar la seguridad vial.(Organización Mundial de Salud. Manual Control de la Velocidad, 2008)

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud estimó en 2012 que las muertes por tránsito podrían rondar alrededor de las 24 mil por año. De acuerdo a diversos estudios (Haddon W 1973, Haven H 1946), la velocidad ha sido identificada como un factor clave de riesgo, tanto en la ocurrencia de accidentes como en la gravedad de las lesiones causadas.

Por tanto, se deduce que en gran cantidad de lesiones y muertes ocurridas en México, la velocidad ha jugado un papel fundamental aunque ésta no haya quedado registrada como causante del hecho.

Ante esto, es necesario, tal y como lo propone la Organización Mundial de Salud (OMS) en el Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2012, que se establezca y vigile el cumplimiento de los límites de velocidad y las normas y reglas basadas en datos probatorios para reducir los accidentes y los traumatismos relacionados con la velocidad.

Hay que subrayar que la OMS advierte que: “El control de la velocidad sigue siendo uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentan los profesionales de la seguridad vial en todo el mundo, y requiere una respuesta unánime, de largo plazo y multidisciplinaria.”

Las fotomultas como consecuencia

Las fotomultas son en realidad el resultado de la aplicación y sanción de radares de velocidad con dispositivos de cámaras, es decir, dispositivos automatizados de control de tránsito que mediante un desincentivo económico -la multa-buscan educar para evitar comportamientos de riesgo como el cruce de vehículos en rojo o la conducción a exceso de velocidad.

Es decir, las fotomultas no son causa, sino consecuencia derivada de la urgente necesidad de disminuir muertes en nuestras calles.

Desde el año 2004, la Organización Mundial de la Salud considera a la siniestralidad vial como una pandemia, debido a que más de 1.2 millones de personas mueren al año a causa de accidentes de tránsito –número bastante superior a fallecimiento provocados por el VIH-SIDA, con un 1.1 millones de muertes anuales relacionadas con la enfermedad, y el dengue, del que cerca de medio millón de personas se enferman anualmente y es causa de unas 12 mil 500 muertes al año.

¿Qué marco jurídico tienen?

En México apenas está por publicarse el Programa Nacional Normativo y está también en proceso de conformación el grupo de trabajo para la elaboración de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para los radares de velocidad (cinemómetros).

Una NOM otorga obligatoriedad para su cumplimiento en todo el territorio nacional, al materializar las disposiciones de la ley. La NOM es una regulación técnica mínima que debe cumplirse a nivel nacional.

Se sustenta en especificaciones y demostraciones técnicas y científicas, debe respetar a Ley sobre Metrología y Normalización y, para su aplicación, actualización y gestión, debeconformarse un comité técnico con especialistas y expertos a nivel nacional liderados por un ente de gobierno federal –que, en este caso, pueden ser la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) o la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)- y, por último, las NOM son regulaciones que deben actualizarse cada cinco años.

Así, en México aún no existe la norma técnica que nos diga qué especificaciones deben cumplir estos dispositivos. Sin embargo, esto no quiere decir que normativamente sea imposible operar radares de velocidad.

Siempre que las autoridades de tránsito no vayan más allá de sus facultades de ley, es posible y deseable que estos mecanismos operen y, sobre todo, se aprovechen para proteger y fomentar los derechos humanos a la vida, la salud, a la movilidad sustentable y al libre desarrollo de la personalidad consagrados explícita e implícitamente en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.

El derecho a la vida, por ejemplo, no puede admitir una prioridad menor a la comodidad de los automovilistas. Y dado que las muertes por siniestralidad en México son tema pendiente (y urgente) desde hace tiempo, el debate debe centrarse no en eliminar el mecanismo de las fotomultas, sino en mejorar sus esquemas de subrogación y en elegir a las empresas con mejor experiencia para proveer este servicio.

¿Cómo es el proceso de la generación de la fotomulta en CDMX? Según el contrato de prestación del servicio SSP/BE/S/312/2015 y la página de la SSP, la empresa es la encargada de los equipos que toman la foto cuando se infringen los artículos del reglamento, en tanto que las fotos son revisadas por agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública.

Es, hasta ese momento, que la fotomulta es enviada al infractor –trabajo que le corresponde a la empresa contratada.

¿Qué resultados han tenido las fotomultas en México?

Es importante decir que en muchas ciudades de México no se publican datos de siniestralidad vial, lo que hace difícil para las organizaciones de la sociedad civil proponer soluciones al respecto. En ese sentido, conocemos la experiencia de ciudades como Guadalajara, donde del 2010 al 2015 logró una reducción de 52.8% de muertes por hechos de tránsito en una de las vías más conflictivas, que es caso del periférico de tal ciudad.

En Puebla, se han reducido en un 88% las muertes por hechos de tránsito en las vialidades estatales de la zona metropolitana de esta ciudad donde se han instalado las llamadas fotomultas, mientras que los siniestros viales se redujeron en un 74% en su primer año. Además, cada vez se efectúan menos infracciones, pues el monto de recaudación por concepto de fotomultas en 2017 registró una disminución del 71.17% en enero, con respecto al mismo periodo del año pasado. Lo que significa que han tenido resultados positivos en fomentar un comportamiento más responsable por parte de los conductores en estas calles.

En el caso de la Ciudad De México se está a la espera que la Secretaria de Seguridad Pública publique los primeros resultados a siete meses de implementar el programa.

¿Por qué se dice que son inconstitucionales?

El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, emitió un fallo a favor de un quejoso debido a que éste intentó verificar su automóvil, y no pudo hacerlo pprque tenía multas acumuladas por no respetar el límite de velocidad.

En este caso, el quejoso quedó indefenso y su queja procedió porque no se le garantizó su derecho de audiencia, establecido en el artículo 14 constitucional. La sentencia, en este sentido, exige el cumplimiento del derecho de defensa previo a la imposición de sanciones pecuniarias, de tal manera que las personas puedan inconformarse en caso de recibir una multa.

Por otra parte, vale mencionar que las facultades de la autoridad para imponer sanciones, en caso de incumplimiento del reglamento, incluso mediante el uso de instrumentos tecnológicos, siguen intactas.

Es decir, la autoridad puede seguir cumpliendo con sus funciones pues de acuerdo a este contrato, quienes imponen las multas son oficiales de la SSP, en oficinas designadas para la revisión de las fotografías y, hasta ese momento, es que se genera la fotomulta.

Así, esta sentencia de amparo de ninguna manera pone en peligro la operación de los programas de fotomulta en las ciudades mexicanas, sólo establece que aquellos acusados de una infracción vial tienen el derecho constitucional a defenderse y, en su caso, a probar que no son culpables de haber infringido el reglamento de tránsito.

La Constitución aún no contempla explícitamente el derecho a la movilidad, pero es probable que sea un derecho que veamos más claro en los próximos años debido a las tendencias mundiales: la discusión del derecho a la ciudad y la nueva agenda urbana generada en la cumbre de ONU Hábitat III.

Este derecho a la movilidad, entre otras cosas, tocará la seguridad vial como una parte importante para garantizarlo. Esta reforma constitucional no solo es necesaria, sino que a partir de ella se podrá trabajar en una legislación secundaria sobre movilidad, seguridad vial y demás aspectos sobre este tema.

Sin embargo, si bien este desarrollo normativo es deseable, no es necesario para considerar interpretaciones constitucionales y convencionales conformes, bajo el sistema normativo actual, que faciliten el correcto equilibrio de derechos en el ejercicio administrativo, sin prescindir de las fotomultas que han demostrado su efectividad.

Las fotomultas como botín político

En días pasados dos senadores, del PAN y de Morena, cancelaron simbólicamente las fotomultas. Sin embargo, y como lo mencionamos, las fotomultas no son una causa, son una consecuencia de comportamientos que queremos disminuir para preservar la seguridad.

Criticar este tipo de programas con el argumento de que afecta los bolsillos de la población es politiquería, y solo cumple con el objetivo del aplauso fácil y la polarización. Además de que alimenta la idea de que el gobierno habría de tolerar el incumplimiento del reglamento y de cualquier disposición para mejorar las condiciones de seguridad vial.

No debemos tolerar la violencia vial y los comportamientos de riesgo como exceder la velocidad o las vueltas continuas, porque ponen en riesgo la vida de las personas y tampoco debemos tolerar que nuestros servidores públicos, en afán de sumar votos, denuesten medidas que salvan vidas.

Es muy peligroso el mensaje simbólico de este tipo de actos, pues en el fondo defiende el exceso a los límites de velocidad -que generan muertes en las calles-

Además, los legisladores han mencionado que más bien, se debe educar a los automovilistas, en vez de multarlos. Pero se equivocan: la multa por sí misma es un educador gracias al incentivo económico que representa para la economía de los infractores.

Dado que la velocidad es el más importante factor de riesgo que genera muertes en nuestras calles, es imperante generar estos desincentivos educadores para salvar vidas. ¿No quieres pagar multas por exceso de velocidad? No excedas el límite de velocidad.

También queda en el aire y para futuras discusiones, si podemos considerar al exceso de velocidad como un delito, como ya sucede en otros países.

¿Cómo mejorar el régimen en el que operan las fotomultas?

Las principales críticas en el ámbito político, que han permeado en la opinión pública, residen justamente en la falta de transparencia. Para darle solución, los gobiernos que implementen estos programas deben hacerlo con un régimen de total transparencia sobre el destino de los recursos, pero además no basta con transparentarlos, sino que pueden redirigirlos a un fideicomiso para financiar proyectos de movilidad urbana sustentable y de seguridad vial.

Sobre la sentencia de inconstitucionalidad derivada del juicio de amparo 948/2016, se concluye que es necesario revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico actual, para garantizar el derecho de audiencia. Si una persona recibe una multa como producto del sistema de radares, debe procurarse que tenga acceso a todos los mecanismos  jurídicos para protegerlo de cualquier abuso de una autoridad.

Además, la operación puede incluir nuevos mecanismos para proteger aún más el derecho de audiencia; como lo sería, por ejemplo, y a modo de propuesta, un mecanismo jurídico de aceptación implícita en el que, tras recibir la multa, se estableciera un plazo para que el infractor potencial presente lo que a su derecho convenga en caso de no estar de acuerdo con la multa. Si tras ese periodo no se recibe nada, se asume el consentimiento jurídico por parte del infractor y queda fija la sanción.

Finalmente, los gobiernos que quieran implementar estos programas, deben mostrarse capaces de comunicar adecuadamente sus beneficios. La mejor justificación para las fotomultas serán los buenos resultados que su implementación arroja. Mostrar cómo los siniestros, y sobre todo las muertes y lesiones disminuyen, será el mejor argumento para defender su pertinencia.

 

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