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La vigencia del fuero constitucional

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Hay revisar si el fuero de los funcionarios debe ser eliminado.

En México, tenemos derecho a votar y ser votados para distintos cargos de elección popular.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años tenemos Derecho a elegir entre nosotros al Presidente de la República, así como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los Gobernadores de los Estados.

Asimismo, cada seis años elegimos a los ciudadanos que representan a sus respectivas Entidades Federativas ante la Cámara de Senadores.

Por otra parte, cada tres años elegimos a nuestros Diputados Locales y Federales, quienes nos representan ante las legislaturas locales y ante la Cámara de Diputados, respectivamente.

Actualmente, esos funcionarios públicos, entre otros, llevan a cabo sus labores bajo normas constitucionales especiales, que los protegen de no ser perseguidos penalmente, con la finalidad de impedir el libre desempeño de sus funciones.

Es decir, existe un régimen especial mediante el cual se evita que una falsa acusación sirva para eliminar a algún funcionario de una labor estratégica para el Estado o para dejar sin dirección puestos importantes de la administración pública, lo cual podría desembocar en un desequilibrio gubernamental.

A ese régimen especial se le conoce comúnmente como “fuero” o “inmunidad procesal”, y debido a sus características es considerado como sinónimo de impunidad o exoneración, pero ello no es así, pues si bien es cierto que debe llevarse a cabo un proceso especial para actuar penalmente contra alguno de los funcionarios que menciona la Constitución, esto no quiere decir que la investigación contra el inculpado no siga su curso.

Ahora bien, a pesar de que esta figura jurídica no persigue la finalidad de generar impunidad, existen acontecimientos que nos exigen revisar si esta forma de inmunidad procesal debe ser eliminada, pues es una realidad indiscutible que existen y han existido diversos funcionarios cometen delitos al amparo de la protección que les brinda.

En una primera instancia, las Cámaras de Diputados y Senadores se encuentran obligadas a considerar nuevamente si ante los evidentes acontecimientos de corrupción es necesario e idóneo realizar reformas, adecuaciones y derogaciones a los Artículos 61, 111, 112 y 114 de la Carta Magna, pues tales disposiciones guardan estrecha relación con la inmunidad procesal de los servidores públicos.

En su caso, las reformas que surtan sus efectos deberían estar encaminadas a que todas las Constituciones de la Entidades federativas, incluida la primera Constitución de la Ciudad de México, excluyan de manera homogénea, mecanismos que permitan a funcionarios escudarse en la Ley para cometer actos ilícitos de cualquier tipo.

En síntesis, resulta necesario e indispensable coordinar una agenda parlamentaria integral, involucrando al Congreso de la Unión así como a las legislaturas de todas las Entidades federativas, a través de la cual podamos garantizar la máxima igualdad ante la ley, buscando en todo momento que los funcionarios que cometan algún delito y sean denunciados por ello, comparezcan como cualquier ciudadano ante las autoridades, no obstante sigan permaneciendo en su cargo o en el ejercicio de la función conferida.

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