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La inaplicación de la ley, última medida de solución de controversias

La inaplicación de una ley no debe ser vista como una cosa menor; es un mecanismo de control constitucional. En mi concepto hacer a un lado una ley tiene que ser la última salida y no la primera.

Por Armando I. Maitret

En días recientes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que vale la pena analizar no sólo por los efectos de restituir al Partido del Trabajo su registro, sino porque es un buen ejemplo de visiones del derecho en materia de interpretación constitucional.

Dicha sentencia determinó que el PT mantenía su registro para participar en las elecciones federales extraordinarias de diputados en el distrito 01 de Aguascalientes, y que los resultados debían sumarse para que el partido pueda conservar su registro.

Para llegar a esa conclusión, no debían aplicarse al caso concreto los artículos 94 de la Ley General de Partidos Políticos –que señala que un partido político perderá su registro cuando no obtenga 3% de una elección ordinaria–, así como el 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual dice que en ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro.

La inaplicación de una ley no debe ser vista como una cosa menor; es un mecanismo de control constitucional. En mi concepto hacer a un lado una ley tiene que ser la última salida y no la primera.

Una ley es producto de la labor legislativa, por lo que cuando una norma se inaplica por estar en contra de la Constitución, debe entenderse como el remedio más extremo.

Es por eso que estimo que toda sentencia o resolución que inaplique una ley debe seguir una metodología y argumentación estricta.

Cuando a los jueces se les otorgó el poder de inaplicar leyes a casos concretos, se les concedió una gran responsabilidad; antes de decidir que una ley no rige al caso concreto, se debe justificar el porqué.

Veo con preocupación que el primer paso que toman muchos impartidores de justicia ante un planteamiento de inconstitucionalidad es confrontar la ley con la Constitución y de inmediato declarar su inaplicación.

Así se corre el riesgo de trivializar una de las funciones y responsabilidades más importantes de la reforma constitucional de derechos humanos. No digo que no se pueda hacer, pero es la última salida para evitar suspicacias decisionistas.

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