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El nuevo sistema anticorrupción

senado

El Sistema Nacional Anticorrupción no garantiza la independencia de los vigilantes respecto a los supuestos vigilados.

La corrupción se sustenta en: el débil o inexistente control al poder formal y fáctico y la ausencia de participación ciudadana en la vigilancia y supervisión de las conductas –actos y omisiones– de las autoridades y empresarios que contratan los Gobiernos.

Todo sistema anticorrupción debe partir ineludiblemente de la cúspide del poder, porque de ahí se deriva y se proyecta al resto de las instituciones y a la sociedad.

Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República, de los ex mandatarios de nuestro país que pudieron incurrir en actos de corrupción y los de propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos trasnacionales y nacionales que operan en México y que se vincularon con el poder presidencial, los esfuerzos anticorrupción serán estériles e inútiles.

Debo señalar que los dictámenes aprobados en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión para nada se ocupan de lo que aquí menciono.

El Sistema Nacional Anticorrupción no garantiza la independencia de los vigilantes respecto a los supuestos vigilados, sino subordinación, dados los métodos de nombramiento.

Los titulares de las instancias anticorrupción –los vigilantes– son nombrados por los supuestos vigilados: los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa serán asignados a propuesta del jefe del Ejecutivo por mayoría de 2/3 partes del Senado; los consejeros de la Judicatura (dos), por el Senado; uno, por el Presidente y cuatro son integrantes del Poder Judicial Federal. El titular de la Auditoría Superior de la Federación es designado por mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción será designado por 2/3 partes del Senado y removido por el procurador general y el presidente del INAI es designado por mayoría de 2/3 partes del Senado.

El titular de la Secretaría de la Función Pública es designado y removido por el Presidente y ratificado por una mayoría de senadores; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa será propuesto por el primer mandatario y designado por la mayoría de 2/3 partes en el Senado.

Lo anterior significa que el nombramiento de los funcionarios y de los ciudadanos dependerá de los vigilados. Éste es un aspecto central de toda la discusión.

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