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El después de la elección

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La elección fue el preámbulo de lo que nos espera como retos para la de 2018.

Después de las votaciones del 5 de junio pasado vienen muchas reflexiones, tanto de los actores políticos como de las autoridades electorales. La elección fue el preámbulo de lo que nos espera como retos para la de 2018, pues muchos de los problemas que hoy se vivieron, en ese año serán foco de atención si no se atienden con la mayor prontitud.

Uno de los que más nos debe preocupar es la nueva distribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), puesto que los otrora poderosos Institutos Electorales locales fueron minimizados en la ley, de tal manera que hoy muchos se cuestionan seriamente su permanencia, debido a su falta de autonomía, su impericia en afrontar las exigencias de la función electoral o, simplemente, porque los temas más relevantes se asumen en el INE.

Y es que el diseño de sus nombramientos a través del Consejo General del INE no ha sido garantía suficiente para dejar satisfecha, ya no digamos a los partidos políticos, a la ciudadanía en general; muestra clara es que hay peticiones de procesos de remoción de encargo en diversas entidades federativas, y en el caso del OPLE de Chiapas se removió a todos sus integrantes por violar gravemente la ley.

No hay vuelta de hoja: o se termina de consolidar un modelo central de organización de las elecciones, lo que en definitiva traería como consecuencia la desaparición de los OPLES y, de paso, los Tribunales Electorales locales o se revierte el modelo a uno federal que fortalezca la función electoral en las entidades federativas. La decisión no será fácil, particularmente en lo político, pero como estamos en la actualidad no es la mejor idea.

En nuestro modelo electoral actual, una de las funciones que se concentró en el INE fue la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos, tanto a nivel federal como local. Es decir, lo que antes realizaban los entonces Institutos Electorales locales hoy lo lleva a cabo una Unidad Técnica del INE, aunque algunos institutos mantengan la estructura burocrática para atender una función que no es de su competencia.

El diseño de un modelo único de fiscalización como idea es virtuoso, pues establece que la rendición de cuentas de los ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos independientes fuera a través un sistema único y en una temporalidad específica. Al hacerlo de esa manera se permite al INE desplegar todas sus atribuciones de comprobación, mediante el cruce de información con los proveedores, con las autoridades hacendarias y bancarias, con la finalidad de garantizar la equidad en las contiendas electorales.

Tan importante fue para los partidos esa reforma de 2014, que estableció como sanción negar el registro de una candidatura o cancelar la que se hubiera otorgado cuando no se presentara el informe correspondiente en los tiempos y la forma normativamente establecidos.

Muy conocidos son los casos de candidatos a las gubernaturas de Zacatecas y Durango, en los que los informes de ingresos y gastos de precampaña no se presentaron a tiempo ni en la forma normativamente prevista, pero le siguieron muchos otros más de no tan notables personajes, mas al incumplir la ley, impidieron que se ejercieran las facultades de comprobación, situación muy grave para un modelo de rendición de cuentas y garantía del principio de equidad.

La sanción fue aplicada por el INE, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la revocó por considerarla desproporcionada y trascendente en los derechos político-electorales de los ciudadanos; en términos llanos, no sancionando con la pérdida de candidatura la presentación extemporánea de los informes o en la forma que los partidos y candidatos estimaran.

La preocupación de lo acontecido en la etapa de preparación de la elección que recién concluyó radica en que el modelo de fiscalización se debilitó y hoy corremos el riesgo de volverlo sólo una formalidad, puesto que permitir que los informes se presenten fuera de los plazos y en la forma en que los partidos y candidatos quieran, impide una función de comprobación adecuada y, en consecuencia, deja sin garantía plena del principio de equidad en la contienda, porque de seguir ese criterio en la revisión de gastos de campaña, obstaculizaría el ejercicio de una de las piezas clave de la reforma de 2014, una sola fiscalización centralizada, realizada plenamente y en tiempo real.

En ese sentido, dentro de las reflexiones que todos nos debemos hacer es si realmente se quiere una fiscalización fuerte, en tiempo real y con amplias facultades de comprobación de la autoridad electoral o la rendición de cuentas no forma parte de las prioridades de los partidos y candidatos. Otra vez la decisión no será fácil, pero si esa disyuntiva no se define por el legislador –otra vez–, es momento de que las instituciones electorales INE y TEPJF arropen con sus decisiones el fortalecimiento de un reclamo y exigencia de la ciudadanía, pues la rendición de cuentas en la política es un camino seguro para recobrar buena parte de la confianza perdida.

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