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Anticorrupción, historia y futuro

Sergio J. González M.

Catedrático de la UNAM. Maestro en Derecho Constitucional.

En 1996, los estados miembros de la OEA adoptaron el primer instrumento jurídico internacional anticorrupción. Los estados firmantes estaban convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia.

Estaban ciertos de que el combate contra la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.

Al año siguiente, la OCDE adoptó la Convención de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. En ella expresó que la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas.

En octubre de 2003, la ONU hizo lo propio; los estados manifestaron que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos en las sociedades; lesiona a la democracia y al Estado de derecho, lleva a violaciones de derechos humanos, desfigura los mercados, erosiona la calidad de vida y permite que florezca el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas más.

Por eso los estados expresaron su preocupación ante la gravedad de las amenazas que genera la corrupción y por ende socava a las instituciones y los valores de la democracia.

Hoy en día, los estados modernos encaran ése y nuevos retos. El expediente electoral ya no es suficiente para garantizar el consentimiento cotidiano del gobernado frente al imperium del Gobierno.

En México tenemos, ya en el texto constitucional, a autoridades electorales con perspectiva de derechos humanos y de transparencia ciudadanizadas y autónomas. El reto está en cómo se desarrolla…

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