México

Pide sociedad civil acabar con privilegios de funcionarios

En una carta enviada al Gobierno federal aseguran que ante la crisis, deben apretarse el cinturón.

Más de 70 organizaciones de la sociedad civil exigieron al Gobierno federal un plan de austeridad y reasignar recursos como el que se destina a pagar la gasolina de altos funcionarios.

“Se debe reasignar el presupuesto destinado a gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública, ya que el incremento del precio de las gasolinas no estuvo acompañado de un programa de austeridad en la burocracia”, exigieron las organizaciones y 200 personalidades de la vida pública en México.

Por medio de un comunicado, los firmantes pertenecientes a los sectores empresarial, cultural, de activismo y derechos humanos, solicitaron a las principales dependencias del Gobierno federal implementar de manera urgente acciones que permitan revertir los abusos de poder, corrupción y crisis que afectan al país, producto de años de mala planeación, impunidad e inacción de las altas esferas de poder.

Firmado por personalidades como María Elena Morera, Pedro Salazar, Eduardo Bohórquez, Claudio X. González, Juan Parnas y Javier Sicilia Zardain, el documento urge a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementar una política estricta que detenga los “privilegios económicos” de la administración pública federal.

De igual forma, pidieron incrementar el acceso a la información en el ejercicio del gasto público, específicamente en materia de concesiones, permisos y adquisición de bienes y servicios.

En el escrito, dirigido al Presidente de la República, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Economía, a la Secretaria de Función Pública, al titular de la Procuraduría General de la Republica y a la Opinión Pública, exhorta a la PGR sancionar a los servidores públicos que participaron en las operaciones en las que la empresa Odebrecht y subsidiarias reconocen haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en el país.

También le piden a la dependencia investigar y contener el delito de robo de combustibles, pues éste ha generado pérdidas que ascienden a más de 50 millones de dólares diarios.

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