México

Ilícitos, 80% de los recursos de candidatos: especialista

“La fusión entre delincuencia y corrupción política, es la madre y el padre de la delincuencia organizada. Atacando a esta corrupción electoral, atacamos es corazón mismo”, afirma el analista y experto Edgardo Buscaglia

 

Es la sociedad civil organizada a través de la aplicación de mecanismos como la auditoría social electoral, la que puede romper el pacto de impunidad que existe entre los políticos y la delincuencia organizada para comprar el voto, afirmó el analista e investigador, Edgardo Buscaglia.

En conferencia de prensa, donde se anunció la participación de diversas organizaciones civiles como observadores electorales de la contienda del próximo domingo, el especialista en temas de seguridad, dijo que es necesario que las asociaciones civiles auditen los procesos patrimoniales para poder diferenciar entre el voto legal del ilegal.

“La auditoria social electoral no implica solamente vigilar la operatividad de la recaudación del voto, sino también, la operatividad de la recaudación de dinero privado y público que después se manifiesta en la compra de votos”, aseguró.

Dichas auditorías explicó Buscaglia, equivalen a que la sociedad civil tenga acceso -desde antes de la contienda electoral-, a la contabilidad y estados financieros de los partidos así como de los candidatos, pues a su consideración, los partidos reciben el dinero y le dan muy poco a los contendientes.

“La mayor parte de los recursos que usan los individuos, candidatas y candidatos, el 80 por ciento, son fondos ilícitos en México. Entonces hay que realizar también auditorías previas de las actividades de precampaña de los partidos y candidatos separadamente”, afirmó.

Los políticos del PRI, del PAN, de Morena y del PRD, dijo Buscaglia, se oponen a las auditorías patrimoniales y “no dan el brazo a torcer de ninguna manera”, para permitir que los ciudadanos tenga acceso a sus estados financieros durante los procesos de campaña y precampaña de los candidatos y tratan de comprar a la sociedad civil para que después actúen a modo.

El investigador señaló que en México, existe un “pacto de impunidad” entre los actores políticos y la delincuencia organizada que permite la operación de los grupos criminales en los procesos electorales, de ahí que la corrupción político-electoral sea el origen de la violencia en el país.

“La fusión entre delincuencia organizada y corrupción política, es la madre y el padre de la delincuencia organizada tal como se manifiesta con la violencia de hoy en día en México. Atacando a esta corrupción electoral, estás atacando al corazón mismo de la delincuencia organizada”, aseveró.

En el caso de  Veracruz, dijo, existe un presunto desvío de fondos, la designación de bienes y servicios públicos o insubordinados a determinados candidatos de un partido o de otro, así como la compra y coacción de votos que involucra directamente a la delincuencia organizada.

“Es una mezcla de Zetas, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, grupos ligados a Sinaloa como Antrax y Nueva Gente, o sea, ahí tienes a esa gente colocando a sus operadores, trabajando con los partidos para coaccionar o acarrear los votos a los candidatos mafiosos que los colocan”, advirtió.

El involucramiento de la delincuencia organizada en la política, abundó,  no solamente es a través de la entrega de valijas de dinero a los políticos, eso, a pesar de todo, no sería tanto problema.

“En México, la delincuencia organizada coloca a sus miembros como operadores, como representantes de manzana, en los diferentes partidos y eso para denunciarlo, requiere de una protección a la sociedad civil que hoy no existe en México”, lamentó.

Por ello, Veracruz, “es el campeón mundial en presuntas violaciones a delitos electorales asociados con delitos patrimoniales presuntamente vinculados a la delincuencia organizada”, al registrar ante la Fepade, 207 averiguaciones previas.

El analista político dijo que la Fiscalía para la Atención de los Delitos electorales (FEPADE), no está reaccionando de manera adecuada ante la presunción de estos delitos porque recibe un ínfimo presupuesto para ahogar a la institución y no pueda operar adecuadamente, a pesar de la buena voluntad que tenga su titular.

“El presupuesto de Fepade está premeditadamente mantenido a niveles obscenamente bajos para que no pueda romper este pacto de impunidad que he denunciado e incluso se ha admitido públicamente –por Carlos Navarrete-, que hacen imposible lograr un despliegue adecuado con ese recurso presupuestal”, aseveró.

Por ello, se pronunció por romper dicho “pacto” a través de hechos concretos y no con discursos además de presupuestos públicos que empiecen a reflejar la magnitud del desafío, solo así, se podrá aplaudir y evaluar si la Fepade hace las cosas mejor o no.

Celebró que las asociaciones civiles estén trabajando de la mano de FEPADE que ha abierto sus puertas para que a través del Fiscal Santiago Nieto, puedan trabajar con ella, sin estar condicionadas.

Edgardo Buscaglia insistió en que las auditorías sociales electorales –como las que se realizan en Brasil, Argentina Colombia, antes y después de las jornadas electorales-, le permiten al Estado, procesar penalmente a los legisladores federales como sucede actualmente en Brasil por el caso de Petrobras.

Ahí, concluyó, “es una fusión de delitos patrimoniales, sobornos y delitos electorales, a través del financiamiento ilegal de campañas, por eso el 59% del Congreso Brasileño federal está siendo procesado debido a que la sociedad civil está tomando estas medidas técnicas”.

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