México

Exigen al Estado acciones efectivas contra la pobreza

El objetivo de las política públicas es el de mejorar los derechos sociales y abatir la desigualdad y pobreza que actualmente padecen millones de mexicanos

Eduardo Suárez

Tras el anunció del INEGI en los cambios de medición de la pobreza, diversas organizaciones agrupadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exhortaron al Estado mexicano a impulsar una estrategia para redimir la desigualdad y la pobreza en el país.

Las organizaciones informaron que alrededor de 3.3 millones de hogares en México viven con 2 mil 723 pesos al mes, para mantener a familias de 4 integrantes.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Frente indicó que pareciera que las dependencias federales y estatales están más interesadas en corregir las variables  e indicadores, que en generar políticas públicas que remedien el problema de la desigualdad en nuestro país.

Señaló que es importante que el Estado cumpla las metas nacionales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030) que firmó ante la Cumbre de la ONU.

“La finalidad de la medición de la pobreza es contar con datos para mejorar los derechos sociales, la desigualdad y la pobreza que actualmente padecen las personas, lo cual es el objetivo de las política públicas y acciones de gobierno”, indicó.

La organizaciones coincidieron que al no haber datos comparables del 2014 a la fecha, difícilmente se podrá saber si mejoró la situación de los mexicanos que padecían este flagelo social, en que se convirtió la pobreza.

Por su parte, Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, explicó que la distribución de la riqueza está mal, pues de acuerdo con la CEPAL, 10% de la población con mayor ingreso concentra el 65. Mientras que el 1% puede llegar a concentrar 25.3 veces más ingreso que el de los hogares más pobres.

Enfatizó que cualquier medición apunta que la tremenda desigualdad impide el ejercicio de los derechos humanos para millones de personas y hace que la pobreza se herede de una generación a otra.

Cárdenas insistió que el INEGI y el Coneval tienen que construir un grupo de trabajo para ver cómo generar los datos adecuados, debido a que es necesaria una comparabilidad estadística.

Por ello, plantearon tomar en cuenta a expertos independientes de la sociedad civil, vigilar el operativo de las encuestas de ingreso y gastos de 2016 , condiciones socioeconómicas, y evitar arreglos que afecten la transparencia de los datos.

En la mesa también participaron Sara Dan Martín, del Centro de Estudios Martín, y Pilar Mejía, del Frente, quienes concluyeron en invitar a los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, academia, y la sociedad civil a construir una salida positiva ante el incidente generado en la aplicación del MCS 2015.

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