México

Entregan asociaciones iniciativa sobre desaparición forzada

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Aseguraron que los diputados y senadores de la República no han cumplido con su obligación de legislar en la materia.

Por Eduardo Suárez

 

Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada presentaron a la Cámara de Diputados la iniciativa ciudadana para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometidas por particulares.

Agrupaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, entregaron el documento al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, Armando Luna Canales.

Adelantaron que el martes 13 de septiembre a las 10 horas entregarán la propuesta de Ley General al Senado de la República y realizarán la tercera caminata contra la desaparición forzada.

Las organizaciones de derechos humanos, populares, indígenas y de migrantes denunciaron la falta de voluntad política del Estado mexicano por erradicar y sancionar estas conductas que constituyen a una tragedia para miles de familias mexicanas.

Por medio de un comunicado, las OSC demandaron al Estado mexicano es la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, la indígena chatino Laura Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Indicaron que las circunstancias han obligado a que sean los familiares de víctimas, junto con las organizaciones de derechos humanos, las que propongan esta iniciativa acorde a las necesidades de las víctimas y apegada al sistema internacional de los derechos humanos.

Aseguraron que los diputados y senadores de la República no han cumplido con su obligación de legislar en la materia, pese al trabajo de las organizaciones de la sociedad desde 1999,y una recomendación de múltiples organismos internacionales de derechos humanos desde 2011.

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