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Discuten riesgo de mantener al Ejército en las calles

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Preocupa la posibilidad de facultar legalmente a los militares en acciones de seguridad pública

Las iniciativas de reforma para expandir las funciones de seguridad interior de las Fuerzas Armadas de México, del senador pianista Roberto Gil Zuarth y el diputado priista César Camacho colocan al ciudadano como el posible enemigo número del país y el trabajo punitivo sin restricciones de los castrenses , indicó Ximena Medellin, profesora de estudios jurídicos en CIDE.

Durante el foro Alternativas para una seguridad no militarizada en México, la especialista explicó que hay suficiente evidencia de que la participación de las Fuerzas castrenses no ha minimizado la crisis humanitaria en México, además de que estas iniciativas rompen el respeto de derechos humanos y dan la llave de un Estado autoritario.

“Es una política fallida, entonces parece ilógico insistir en aplicar esa vía, hay evidencia que es inadecuada, es casi inexplicable que intentemos legislar en esa materia”, detalló.

Carlos Silvia Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que no hay controles adecuados de evaluaciones ni transparencia del ejercicio de la fuerzas de seguridad y castrenses.

“Es necesario construir indicadores sobre el uso letal de la fuerza, el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, por ello debe saberse cómo la usa. Se deben crear información, mecanismos adecuados para su evaluación, porque en México no hay investigaciones sobre el tema, las instituciones no comparten información y esto se opaca la evaluación de este ejercicio”, indicó.

Julio Ríos Figueroa, politólogo del CIDE, reconoció que las fuerzas armadas están actuando como el crimen organizado al no estar sujetos a evaluaciones del uso letal de la fuerza.

Rechazó que las iniciativas que proponen legalizar que el Ejército tenga más funciones que no le corresponden, pues se necesita una ley que regule el uso de la fuerza, límites temporales geográficos y sustantivos.

Catalina Pérez Correa, docente del CIDE, manifestó que ante las alarmantes violaciones de derechos humanos,  se debe implementar una estrategia para sacar de las calles a los militares, porque no hay objetivos claros de su ejercicio en la seguridad nacional.

“Pretenden darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas para que sigan haciendo su trabajo de seguridad y violación de derechos fundamentales. El problema que trae su participación es la falta de la profesionalización de las Policías, sin embargo, no llega, dijo, porque no hay necesidad de hacerlos porque esta el Ejército está haciendo esas funciones”, señaló.

En el evento, convocado por Catalina Pérez y Vidal Llerenas, también participaron Eduardo Guerrro, de Lantia Consultores, Ina Zoon, de Open Society Foundatios y Ximena Andión, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

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