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Desaparición de normalistas resultado de impunidad en México: Emilio Álvarez Icaza

Tomada del perfil de Facebook de Emilio Álvarez Icaza

Sólo tres estados de la República tienen una ley para tipificar la desaparición forzada, y en 15 entidades no se ha clasificado la tortura como un delito por eso se sigue practicando como método de investigación y detención

Desde la década de los 70 las desapariciones forzadas han sido la manera en que actores del Estado han resuelto algunos problemas de índole social, político y legal, por ello, el secuestro y homicidio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no es raro para los habitantes de Guerrero, pues deshacerse de esta forma de las personas incómodas  es una práctica común en la zona, afirmó el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista con El Big Data, el defensor de los derechos humanos, explicó que el caso de los estudiantes desaparecidos es un remanente de la “guerra sucia”, impunidad que ha dado como resultado violaciones graves a los derechos humanos, como lo es la desaparición forzada y  la tortura.

“Lo que dice la Comisión es que hay problemas del pasado que se proyectan, por ejemplo las desapariciones históricas de los 70, y que eso generó una condición que contribuyó a esta impunidad estructural”.

“Por no haber atendido lo anterior, se generaron situaciones de impunidad que se han ido reproduciendo. En la guerra sucia, tres de cada cuatro desapariciones fueron en Guerrero, y claro que eso propició un contexto como el de Iguala. Entrevistamos a una víctima y nos decía, es que eso aquí es normal, eso pasaba. Y le preguntamos, ¿y porqué ahora fue diferente?, pues porque fueron estudiantes, y fueron muchos”, apuntó el Secretario Ejecutivo de la CIDH.

Luego de la visita de la CIDH a diversos puntos de la República donde se denunció  una crisis en materia de derechos humanos,  Icaza Longoria constató que antes de Ayotzinapa  ya se habían registrado tragedias de esa magnitud, cientos de cuerpos encontrados en los socavones de Taxco, de personas reportadas como desaparecidas y que nunca fueron buscados por las autoridades a pesar de las denuncias de sus familiares.

“En la minas, aparecían cuerpos, centenas de cuerpos, y lo qué pasó con los familiares de los otros desaparecidos es que, hasta que empezaron a buscar a los muchachos empezaron a encontrar cuerpos, y dijeron no son los estudiantes; ¿entonces quiénes son?, y salieron todos los otros desaparecidos verdad, muy dramático”, dijo.

Consideró que pese a los esfuerzos de las instancias federales, en algunos puntos, principalmente en la procuración e impartición de justicia,  el Estado fue superado, y no ha podido dar respuesta a las víctimas, y a la sociedad en general, por ello han tenido que recurrir a órganos internacionales para exigir justicia.

“Yo creo que hay temas en que el Estado tiene una incapacidad para responder a las víctimas…acceso y procuración de justicia, protección a víctimas, en los temas periciales, se necesita una unidad autónoma de servicios periciales, porque haya una extraordinaria incapacidad de los estados para ese fin”, advirtió Álvarez Icaza.

A pesar de la crisis que vive el país en materia de derechos humanos, en 15 estados de la República no se ha tipificado la tortura como un delito, por ello se practica con singular  impunidad, y en 29 no hay siquiera una clasificación y diferenciación para la desaparición forzada.

“Hay que reconocer esfuerzos importantes a nivel federal, pero encontramos unos atrasos a nivel estatal, por ejemplo en 15 estados de la República no está tipificada la tortura como un delito, ni siquiera se puede detener y tipificara a alguien, porque ni siquiera existe el delito de tortura. En sólo tres estados hay una ley de desapariciones forzadas, entonces si a niveles estatales no cuentan con esos instrumentos, no se va a poder combatir contra la desaparición forzada y la tortura”

Por ello, dijo que el caso de Ayotzinapa no es aislado, pues se trata de una inercia de parte de la estructura del poder, en algunos casos aliada con la delincuencia organizada, para dar respuesta a las demandas sociales pendientes, como la desigualdad, discriminación, injusticia e impunidad, principalmente en la procuración en impartición de justicia.

 “Hay una impunidad estructural en términos de que la justicia no está respondiendo, parece que es indolente, incapaz, lejana, una condición, inclusive denunciada por las propias víctimas, de corrupción, la verdad es que hay una crisis total de la justicia en términos de no responder a las víctimas”.

Asimismo, aseguró que Guerrero no es el único estado donde se ha dado dicha práctica violatoria de todos los derechos humanos, sino también en Veracruz, Coahuila, Nuevo León, y Chiapas, entre otros.

“No es un hecho aislado, encontramos que en Iguala haya todo un contexto muy dramático de desapariciones, y no es sólo un problema de Iguala o Guerrero, por eso visitamos Veracruz, Monterrey, Nuevo León, Coahuila o Tabasco, con los migrantes, o temas en la Ciudad de México, no podemos ir a otros lugares, y sabemos que estás graves violaciones no sólo se presentan en éstos lugares, por eso la Comisión considera que hay una grave crisis de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.

Describió que en términos generales hay una estructura general de impunidad en la cual, la sociedad se está movilizando, exige a través de los órganos internacionales que las autoridades se pongan a trabajar, exige a los diputados que hagan leyes para clasificar aquellos delitos que el propio Estado no quiere reconocer pero que llevan años practicándose en el país

“Hay una condición estructural de impunidad que genera más daño, más revictimización, genera más dolor, y ya la sociedad está discutiendo otras formas de acelerar los procesos, está buscando cooperación internacional”, acotó.

Destacó que hay una tendencia para impulsar leyes que protejan los derechos humanos porque el Estado no responde a su plena garantía,en consecuencia, existen actores y sectores de la sociedad mexicana que ejercen presión para lograr este objetivo.

Respecto a la creación de una Fiscalía Especial para personas desaparecidas que ofreció crear la Presidencia de la República negó que tenga interés por encabezar este esfuerzo.

“Hasta donde yo tengo entendido, estoy impedido por ley, porque yo no soy abogado, soy orgullosamente sociólogo…no está en mi ánimo e interés. Claro que quiero regresar a México, mi país está en el centro de mi corazón, aquí está mi familia, mi hija, en mi mente y en mi vida, pero no tengo interés en ser fiscal”, concluyó Álvarez Icaza.

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