México

De 10 a 20 años a funcionarios que incurran en métodos de tortura

bigdatamx, elbigdata, tortura,

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos, ello representa un nuevo reto para las autoridades ministeriales para fundamentar sus pruebas en técnicas científicas y ya no en confesiones.

Por ello, cualquier tipo de declaración donde se reconozca la autoría de algún delito obtenida bajo cualquiera de los métodos considerados como tortura o que atenten contra los derechos humanos en esta materia no serán válidos como prueba ante un juez.

Además que de ser comprobados a través de especialistas en la materia serán sujetos de un proceso penal que alcanzaría de 10 a 20 años de prisión sin derecho a fianza, ya que la situación se agrava porque estos métodos son utilizados principalmente por servidores públicos para fundamentar sus investigaciones.

De esta manera el funcionario que sea sometido a investigación por tortura o tratos crueles e inhumanos en contra del inculpado, será separado del cargo independientemente de la sanción penal que se le aplique, siempre y cuando se encontrado responsable del hecho que se le imputa.

Esta ley será parte fundamental del nuevo sistema de justicia penal de corte adversarial, el mismo que privilegia la presunción de inocencia, y que abre la puerta, en caso de una mala investigación, a violaciones al debido proceso, y que el inculpado, de forma independiente de su responsabilidad en el delito que se le imputa, pueda alcanzar sus libertad.

Dicha ley estaba pendiente de su aprobación desde diciembre pasado porque los diputados no alcanzaron a ponerse de acuerdo en las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; sin embargo, este miércoles se llegó a un consenso.

Leer másLa tortura en las venas del Peñismo

De esta forma 417 diputados votaron a favor , y con ello, se aprobó sancionar con 10 a 20 años de prisión a los servidores públicos que incurran en tortura, ya sea física o sicológica, o violación sexual, mientras que los civiles que incurran en esta práctica recibirán una condena de 6 a 12 años de cárcel, y cuando se trate de tratos inhumanos es de 3 a 5 años, con derecho a fianza.

Mientras que en los casos donde las personas pertenezcan a un grupo vulnerable, la pena se incrementará a la mitad, entre ellos, los niños, ancianos, personas con discapacidad, indígenas, mujeres, descendientes afroamericanos, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

También se prevé que para los dictámenes médicos, en casa de una violación, la revisión la realice un ginecólogo del mismo sexo que la víctima y el cual escoja ésta, mientras que los indígenas deberán contar con un intérprete, al igual que ciudadanos de otros países que no hablen español, quienes también contarán con asistencia consular.

Esta ley obliga al Estado a crear fiscalías especializadas en todo el país, a la creación de un Registro Nacional Estadístico, para elevar el delito de tortura a “imprescriptible”, o sea que se perseguirá sin un plazo perentorio para su investigación, persecución y sanción punitiva.

Además que la responsabilidad dentro de la tortura se extenderá en la investigación a los mandos superiores, pues siempre se culpa a los actores materiales, por lo regular servidores públicos de bajo rango, sin castigar a quienes ordenan, fomentan, auspician y omiten la tortura.

Al respecto, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), recordó que 99% de los casos de tortura quedan en la impunidad, por ello, calificó la ley como un avance histórico para México y su sociedad.

Haga clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Lo más leído

el dato es

El archivo público

Copyright © 2015 El Big Data.

To Top