25 de Septiembre de 2017
Justicia

Teme por orden de aprehensión juez vinculado a escándalo de casinos

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El quejoso presentó un amparo en contra de la captura, sin embargo, el juez declinó competencia, ya que se trata de actos relacionados con autoridades superiores.

Ricardo Hiram Barbosa Alanís quien fuera destituido como juez federal por formar parte de una red de protección a propietarios de casinos en Nuevo León, presentó un amparo por la supuesta orden de aprehensión en su contra.

El Juez Noveno de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México otorgó la suspensión provisional, y le fijó una fianza de 29 mil pesos, días después se declaró incompetente para saber sobre el juicio 223/2016, y lo envió a un Tribunal Unitario con sede en el Estado de México.

“El 14/03/2016 este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda respecto de los actos reclamados a los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer y Cuarto Circuito, por lo que se remitió al Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, a fin de que determine la procedencia de la citada incompetencia”, se notificó a través del CJF.

Asimismo, informó sobre la inexistencia de algunas de las autoridades referidas por el quejoso, y quienes se presumen están a cargo de cumplir con la orden de aprehensión.

“El 16/03/2016 se tuvo como inexistente a las autoridades que el quejoso señaló como: Policía Federal dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León”.

Asimismo, la audiencia incidental se reprogramó para el 7 de abril próximo, donde se analizarán los argumentos del quejoso para presumir que hay actos privativos de la libertad, “orden de captura y su ejecución”, supuestamente otorgada  por Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, entre otras autoridades.

Como se recordará, el Consejo de la Judicatura Federal presentó cargos en contra del  titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en Nuevo León, Barbosa Alanís y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González.

Derivado de las investigaciones administrativas  por la red de corrupción de jueces y magistrados que favorecieron con sus veredictos a los dueños de casinos y casas de apuestas, el CJF presentó una denuncia en contra del juez Barbosa Alanís por posibles actos en contra de la impartición de justicia.

En el año 2011 la Judicatura realizó visitas a dicho juzgado por las cuales se detectaron irregularidades, derivadas de diversas quejas en contra de Barbosa Alanís, por el probable otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y definitivas, entre otras, a casas de apuestas.

Conjuntamente con sus secretarios, fue señalado de favorecer directamente a las empresas Entretenimiento de México S.A de C.V., Atracciones y Emociones Vallarta S.A de C.V. y Cervezas Modelo de Nuevo León, S.A de C.V.

Barbosa Alanís realizó movimientos por depósitos o abonos cuyo origen se desconoce por un monto de 597 mil pesos, otro deposito por cinco millones, 123 mil 555 pesos.

Mientras que al secretario Héctor Monterrubio Pontigo, se detectaron cuentas bancarias en las cuales se hicieron depósitos por 1 millón 572 mil 066 pesos

De forma similar, en los registros bancarios de las personas relacionadas con Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, se determinó que existían depósitos de origen desconocidos  por un monto total de 946 mil ,369 pesos

Por su parte, el secretario Alejandro Tovar Álvarez, se identificaron movimientos por depósitos cuyo origen se desconocía por un monto total de 859 mil ,439 pesos, mientras que en los registros  bancarios de las personas cercanas al funcionario se detectaron  depósitos  por 2 millones 466 mil pesos

Asimismo, la secretaria Eusebia González González, se hallaron movimientos por depósitos de origen indeterminado por un millón 464 mil pesos, y en otra cuenta de personas allegadas a la juez se detectó una cuenta por un millón 558 mil ,982 pesos, denunció en sus momento el CJF.

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