Justicia

Se reúne procuradora con especialistas nombrados por la CIDH para investigar

El encuentro fue previo a que el grupo de expertos de a conocer el informe especial el próximo domingo.

Previo a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie respecto a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la procuradora Arely Gómez González, se reunió con ellos en las instalaciones de la PGR.

En lo que fuera la séptima reunión de trabajo entre la funcionaria federal y el GIEI, la titular de la PGR refrendó la  disposición y el compromiso institucional de seguir atendiendo todas y cada una las peticiones, con base en el acuerdo de asistencia técnica sobre la  investigación de los hechos ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Desde marzo pasado, funcionarios de la PGR se han reunido 46 ocasiones con el grupo interdisciplinario del GIEI para obtener información sobre la forma en que se han realizado las investigaciones.

En la reunión de hoy participaron el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betazos Torres; el Director General de Seguimiento a Proyectos Especiales, Jaime Chávez Alor, y los cinco expertos del GIEI, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, así como Carlos Martín Beristain.

Se prevé que el próximo domingo 06 de septiembre la GIEI dé a conocer las conclusiones con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes, y que según las investigaciones de la PGR fueron secuestrados y asesinados por el grupo conocido como Guerreros Unidos, por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y sus esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

El informe será en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a las 10:30 horas.

La petición de la defensa de los padres de familia de las víctimas era que el tema no fuera tratado como un secuestro y homicidio, sino que procesalmente fuera tipificado como desaparición forzada, lo que implicaría una responsabilidad por parte de funcionarios del Estado, los mismos que podrían ser llevados a juicio.

La correcta tipificación de la conducta delictiva podría permitir establecer la responsabilidad de figuras de autoridad  inmediata como  intelectual, y que no sólo signifique que las investigaciones se detengan con la responsabilidad del matrimonio Abarca Pineda, sino de aquellos actores que permitieron las actividades ilícitas del grupo delictivo.

 

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