Justicia

SCJN discutirá sobre la apertura de los expedientes sobre las fosas clandestinas de San Fernando y Cadereyta

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un amparo que podría obligar a la PGR a abrir los expedientes sobre la muerte de migrantes de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, que involucra a 314 víctimas ejecutadas e inhumadas en fosas clandestinas.

Mañana miércoles la Primera Sala determinará  si la negativa de la PGR a entregar a una organización no gubernamental la versión pública de los expedientes ministeriales es violatoria de las leyes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La  Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho (FJEDD), quien apoya a los  familiares de víctimas de migrantes, pidió a la PGR acceso a las versiones públicas de las averiguaciones previas de ambos asuntos; sin embargo, la dependencia federal negó el acceso bajo el argumento que se trataba de un tema de reserva de ley, criterio que fue confirmado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En respuesta, la FJEDD tramitó un recurso de amparo del cual conoció Fernando Silva García, quien dio la razón a la ONG al considerar que se trata de un caso de violaciones graves a derechos humanos “que afectan a toda la colectividad” por lo que debe operar la excepción a la restricción de la información de la averiguación previa.

“Esto, dado que la sociedad está interesada en conocer la verdad histórica de los hechos y exigir la rendición de cuentas para que la investigación sea llevada con la debida diligencia a fin de sancionar y enjuiciar a los responsables”, dijo en sus resolutivo el juez de amparo.

Señaló que el entonces IFAI violó el derecho al acceso a la información pública del peticionario “y por ende, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a ésta a fin de que pueda obtener una versión pública de dichas averiguaciones previas”, dijo.

Por ello, el  IFAI (ahora INAI) y la PGR tramitaron un recurso de revisión que recayó en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que declinó competencia a la Suprema Corte.

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