Justicia

Ratifica Tribunal uso de protocolo de seguridad para internos al alta peligrosidad

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La defensa del Chapo Guzmán pretendía que se relajaran las medidas de seguridad en el Altiplano ya que no lo dejaban dormir.

El Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito confirmó  la vigencia y legalidad del protocolo de seguridad que las autoridades federales aplican para vigilar a los reos de alta peligrosidad, entre ellos Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

Como resultado la  queja 40/2016, los magistrados consideraron “infundado” el recurso presentado por Guzmán Loera quienes se inconformó con la negativa de amparo 298/2016 que promovieron ante el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Procesos Penales del Segundo Circuito.

Los abogados del “Chapo” Guzmán pidieron invalidar el protocolo aplicado por el Comisión  Nacional de Seguridad  que se aplica al interno y que incluye vigilancia las 24 horas del día, prueba de vida cada cuatro o seis horas, segregación de la población penitenciaria, entre otras.

No obstante, Victorino Hernández Infante, titular del citado Juzgado negó la suspensión de amparo con relación al protocolo de seguridad aplicado al Chapo Guzmán, aunque emitió medidas para efectos con el fin de garantizar los derechos humanos del reo, entre ellos el de una defensa adecuada.

Con ello se obliga a la autoridad penitenciaria a garantizar al “Chapo” los servicios médicos, evitar torturas, segregación, y garantizarle su defensa legal.

“Se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos consistentes en la incomunicación, tortura, segregación, aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles e inhumanos”, dijo el Juez dentro de su resolución de amparo.

Además, el Juez Hernández Infante explicó que no podía invalidar el uso del protocolo de seguridad al “Chapo” Guzmán pues su objetivo es mantener el orden dentro del penal y con ello garantizar la tranquilidad de la colectividad.

“La aplicación del protocolo de seguridad, se debe a las medidas implementadas en el centro de su reclusión, las cuales son de orden público e interés social, pues la sociedad está interesada en que el orden y salvaguarda del referido centro de reclusión se mantengan, porque de lo contrario, podrían ponerse en peligro la tranquilidad e integridad de la colectividad”, dijo el Juez.

Según las autoridades dicho protocolo no es exclusivo para Guzmán Loera sino que se aplica a más de 190 reos de alta peligrosidad recluidos en distintos penales federales.

Dicho criterio fue avalado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que conoció de la queja promovida por Carlos y Cinthia Castillo Castillo, a favor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, y como parte de uno del último amparo que promovió el interno.

 

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