Justicia

Ordena Tribunal Federal suspender toma de protesta de Edgar Elías Azar

El magistrado electo no podrá tomar posesión del cargo el próximo 1 de enero, mientras tanto deberán designar a un suplente para la presidencia del TSJDF

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal ordenó prolongar la toma de protesta como magistrado presidente de Edgar Elías Azar, quien fue elegido para un nuevo periodo de tres años al frente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

El Colegiado validó el recurso de queja 307/2015 presentado ante la negativa del juez de amparo de dar entrada a la demanda interpuesta por un grupo de magistrados opositores a Elías Azar, y mientras no se resuelva de fondo el juicio en cuestión el Pleno del TSJDF deberá designar un suplente para que funja como presidente interino.

Por ello, será hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo  2133/2015 cuando se defina si es procedente o no la designación de Elías Azar para un nuevo periodo de gestiones.

Determinó procedente el conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que Edgar Elías Azar, Presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), no tomé posesión del cargo el 1° de enero de 2016, sino hasta en tanto, en su caso, se resuelva el fondo del juicio de amparo 2133/2015 y la sentencia fuera adversa a los intereses de la parte quejosa y se determine si la elección es legal”, notificó el  Tribunal Colegiado.

La resolución fue tomada por unanimidad de los magistrados María Simona Ramos Ruvalcaba, en funciones de presidenta; y José Alejandro Luna Ramos, así como la secretaria en funciones de magistrada, Martha Lilia Mosqueda Villegas.

La magistrada,  Petra Quezada Guzmán, integrante del Pleno del TSJDF, promovió el juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al solicitar la invalidez de  la elección de Elías Azar , celebrada el cuatro de noviembre de 2015, al no cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Entre las violaciones de las que se quejó la magistrada están  el registro del mencionado magistrado como aspirante efectuado en la sesión del 12 de octubre de 2015; la omisión de verificar de oficio la elegibilidad de los aspirantes registrados, en particular la de Edgar Elías Azar.

Además de la omisión de resolver la impugnación del 12 de octubre firmada por varios magistrados, la cual se hizo en relación con las bases que se deberán seguir para la elección del Presidente del TSJDF para el periodo 2016-2018; así como el registro del magistrado presidente en funciones para contender por tercera ocasión y de manera continua a la presidencia del mismo.

Tampoco se resolvió la impugnación efectuada el 20 de octubre de 2015 en relación con el registro del magistrado Presidente mencionado para contender por un tercer periodo al frente del TSJDF.

Denunció que la  Comisión de Ética del TSJDF fue omisa de verificar de oficio la elegibilidad de los aspirantes a dicho cargo, de intervenir en la resolución de la impugnación realizada el 12 de octubre, firmada por varios magistrados, y de no intervenir en la resolución de la impugnación del 20 del mismo mes,  en relación con el registro de Elías Azar.

Cabe recordar que el pasado 26 de noviembre de 2015, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo, dado que se afectaría, en mayor medida, el interés general y el orden público, que el interés particular.

En su resolución, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundados los agravios y consideró que procede la concesión de la suspensión solicitada, en virtud de que de no otorgarse, el actual Presidente electo del TSJDF, Edgar Elías Azar, asumirá dicho cargo por el periodo de 2016 a 2018, en la primera sesión celebrada en enero de 2016, con lo que se dejaría sin materia el juicio de garantías.

“Los efectos y consecuencias de los actos reclamados se traducen en que Edgar Elías Azar, Presidente electo del TSJDF, no tome posesión del cargo el 1° de enero de 2016 sino que, en su caso, lo haga hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías del que deriva el presente incidente, en el que se reclamaron diversas omisiones de las impugnaciones relacionadas con las Bases que se siguieron para la elección del Presidente de dicho Tribunal para el periodo de 2016-2018”

“Así como del registro de candidatos para dicha contienda, cuestiones que son inherentes al fondo del asunto, y que se estiman necesarias que se resuelvan antes de que el tercero interesado, Edgar Elías Azar, tome posesión del cargo como Presidente del referido Tribunal”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Lo anterior, en atención a que, de resultar procedentes las impugnaciones cuya falta de estudio reclama la ahora quejosa, en su calidad de magistrada integrante del Pleno del TSJDF, ello podría traer como consecuencia que se dejara sin efectos la elección del Presidente electo.

El Poder Judicial Federal aclaró que con la suspensión provisional no se  afecta el orden público y el interés social, en virtud de que si bien es cierto que la Ley Orgánica del TSJDF, establece las funciones y atribuciones que realizará el Presidente de dicho Tribunal, cuyo cumplimiento es de orden público, también lo es que la propia ley prevé un suplente  para cubrir las ausencias del presidente del TSJDF.

Se agrega en la resolución que con la concesión de la suspensión provisional no se contravienen disposiciones de orden público, precisamente porque dicho funcionario será suplido en términos de lo que establece el artículo 73, fracción I, de la Ley Orgánica del TSJDF, es decir, mediante designación especial que hará el Pleno de dicho Tribunal, con lo cual, éste podrá seguir funcionando hasta en tanto se decida si se ajustaron a derecho las Bases para la elección de su Presidente, así como el registro de candidatos para dicha contienda, cuestiones que precisamente están vinculadas con el fondo del juicio de garantías”, ordenó el juez de amparo.

Además que al negar el amparo verdaderamente  se estaría afectando el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los cargos públicos los desempeñen personas que cumplan con todos los requisitos previstos en la ley para desempeñar las funciones encomendadas en el puesto que fue elegido.

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