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Justicia

Investigan posibles irregularidades en amparos contra reelección de Edgar Elías

El MP federal verificará si los magistrados o sus abogados no incurrieron en una irregularidad al no notificar al Juez de Amparo que previamente ya había promovido un juicio colectivo con mismos argumentos.

Autoridades judiciales confirmaron que la PGR investiga una posible violación a la Ley de Amparo por parte de los magistrados y magistradas que promovieron los juicios de amparo contra la reelección de Elías Azar, quien ayer tomó protesta para un tercer periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Como parte del juicio de amparo 2016/2015, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, se notificó que el Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Juzgado solicitó copia certificada del expediente.

(16/Dic/2015) (22547).- visto.- remítanse las copias solicitadas al Agente del Ministerio Público de la Federación. Notifíquese… se autorizan las copias solicitadas… (18/DIC/2015) Vistos.- agréguese oficio para que obre como corresponda y remítanse las copias solicitadas”, se notificó a través de las listas de acuerdos.

Las autoridades judiciales consultadas advirtieron que se trata de presuntas violaciones al artículo 261, del Capítulo Tercero de la Ley General de Amparo, referente a delitos especiales.

Dicho artículo prevé una pena de dos a seis años de prisión  y multa de 30 a 300 días de salario al quejoso o su abogado, o ambos, que pretendan obtener una ventaja procesal indebida al no notificar sobre actos previos a dicho juicio de amparo.

Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:

I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales; y

II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos”.

Según las fuentes consultadas los magistrados omitieron notificar al Juez de Amparo que previamente ya había promovido un juicio colectivo con mismos argumentos, utilizando, presuntamente,  párrafos textuales, en por lo menos cuatro demandas de amparo.

Para confirmar dichas presunciones el agente del Ministerio Público federal solicitó las copias certificadas de cada uno de los expedientes, y con ello, corroborar que se utilizó un mismo “machote” para fundamentar el resto de las demandas de amparo.

Con base en el referido artículo, dicha situación podría es constitutiva de delito y el MP federal adscrito a cada uno de los juzgados está obligado a investigar las posibles irregularidades en los juicios así como hacerse llegar de la documentación necesaria para confirmar o desechar la existencia de un ilícito.

Las autoridades judiciales señalaron que el TSJDF no presentó ninguna querella y que por tratarse de una ley nacional, el Ministerio Público de la federación  tiene la facultad de investigar los hechos de oficio.

Son cuatro los juicios vigentes que fueron presentados desde noviembre pasado en contra del proceso de selección para el cargo de magistrado presidente para el periodo 2016-2018, y en dos de ellos se ordenó que se suspendiera la toma de protesta al cargo, pero luego se ratificó a través de las quejas presentadas a los respectivos tribunales colegiados.

Incluso el Noveno Tribunal Colegiado manifestó en su sentencia a favor de la magistrada Petra Quezada quien tramitó el juicio 2133/2015 ante el Juzgado Primero Administrativo, y mencionó que la ley interna del TSJDF permitía que se nombrara a un presidente interino que esté a cargo mientras se resolvía de fondo el amparo.

Sin embargo, el Juez Primero negó la suspensión definitiva del acto reclamado y quedó firme la ceremonia de nombramiento del presidente.

Más tarde, el Juez Sexto falló a favor de los magistrados disidentes, y ordenó suspender al acto del 1 de enero, a lo cual Elías Azar se inconformó, y el 12 Tribunal Colegiado  lo amparó.

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