Justicia

Invalida SCJN delito de ultrajes en CDMX

IDMX

Con la resolución, detenidos por el 1DMX lograrán su libertad al no quedar clara la tipificación del delito de ultrajes.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 287 del Código Penal para la Ciudad de México, el cual sanciona  con dos años de prisión a quien insulte o degrade a una autoridad en el ejercicio de sus funciones.

 

La resolución forma  parte de los amparos que promovieron los Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López, ambos encontrados culpables por los delitos de ultrajes y ataques a la paz pública, y sentenciados a dos años y seis meses de prisión.

Los activistas fueron  detenidos durante la toma de protesta del presidente, Enrique Peña Nieto el pasado primero de diciembre del 2012, por ello, se quejaron  de ataques a la libertad de expresión y del libre tránsito, y  hoy la SCJN validó dichos argumentos.

El reglamento consideraba que el ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días de multa, lo cual, ahora es considerado inconstitucional por la Corte.

Los ministros consideraron que este precepto viola el principio de la exacta aplicación de la ley penal, que protege el artículo 14 de la Constitución Mexicana  en virtud de que la forma en que el legislador redactó el tipo penal resulta demasiado amplia, por lo que podría darse el supuesto de que se vieran afectados diversos derechos humanos protegidos constitucionalmente, entre ellos, la libertada de expresión.

“Es de señalarse que la SCJN no valida en modo alguno las agresiones físicas que pudiesen cometerse en contra de las autoridades con motivo o en ejercicio de sus funciones, así como tampoco que comparta o aplauda las agresiones verbales en contra de funcionarios”.

La Corte consideró que ello pudiese ser motivo de diversos delitos, entre ellos  el de lesiones, pero  no así el de ultrajes, por lo que  existen medios menos lesivos a través los cuales tales conductas pueden ser sancionadas o corregidas, como es el caso de las sanciones administrativas.

Así, el Pleno resolvió los Amparos Directos en Revisión 2255/2015 y 4436/2015, promovidos por personas que en su momento fueron procesadas y condenadas por este delito, cometido en contra de integrantes de los cuerpos de seguridad pública durante un desalojo de ambulantes y una manifestación, respectivamente.

En el caso particular de Jaqueline Santana fue detenida y acusada de ultrajes por haberle “mentado la madre” a un uniformado al momento defender a su compañero quien fue detenido por manifestarse durante la toma de protesta del actual presidente.

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