Justicia

Hasta 20 años de cárcel a quien torture

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Las reformas también consideran que el funcionario que sepa de alguna tortura y no lo denuncie, se le impondrá una pena hasta de siete años de prisión.

El Senado de la República aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que se castigará hasta con 20 años de cárcel .

La ley tiene como objetivo establecer la distribución de competencias y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la tortura.

Este delito se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial, además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles.

Además, no se excluirá del delito por obediencia, en el caso que algún superior autorice o aliente la práctica de la tortura por lo que sus subordinados tiene el deber de desobedecer y denunciar el acto.

“Un funcionario comete el delito de tortura cuando, a fin de obtener información o una confesión, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento y realice procedimientos médicos o científicos en un individuo sin su consentimiento”, detallan en la norma.

En el caso de ser vinculado por el delito, se le impondrá prisión preventiva y será suspendido temporalmente de su encargo para no afectar la investigación, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas.

Por otra parte si se trata de un particular, se le impondrá una pena de cuatro a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

En el nuevo ordenamiento dispone que las penas previstas para el delito de tortura aumentarán hasta la mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, migrante, adulto mayor, indígena, discapacitado, entre otros.

Asimismo, el funcionario que tenga conocimiento de algún acto por tortura y no denuncie el hecho inmediatamente se le impondrá una pena de cuatro a siete años de prisión y de 250 a 500 días multa.

Se estableció que el Ministerio Público se abstendrá de considerar como parte de la investigación los datos o medios de prueba obtenidos directa o indirectamente por tortura y serán excluidas por carecer de valor probatorio todas las pruebas obtenidas, mediante esta práctica.

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