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Justicia

Gobierno capitalino, clave en el caso Gordillo

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En tres años de supuesta reclusión, la ex lideresa del SNTE sólo estuvo cuatro días en la cárcel y en celda especial. Su reclusión ha sido en hospitales.

A casi tres años de su detención –26 de febrero de 2013– Elba Esther Gordillo nunca ha estado en contacto con la población general de ningún centro penitenciario, y el Gobierno de la Ciudad de México ha tenido un papel clave. 

Con base en su “avanzada edad”, 71 años recién cumplidos, y “delicado estado de salud” al presentar un decálogo de enfermedades crónicas, como aneurismas, hipertensión, hernias, hepatitis tipo C, fracturas en los huesos, Gordillo Morales ganó diversos beneficios que la tienen a un paso de irse a su casa.

Actualmente enfrenta tres procesos judiciales, dos por defraudación fiscal y uno más por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero sus abogados  han realizado movimientos  administrativos y jurídicos basados en tratados internacionales y derechos humanos para lograr una estancia más “cómoda” para su clienta.

Asimismo, han aprovechado los lineamientos internos de las dependencias capitalinas involucradas, alegando que su vida corre peligro, ya que los hospitales de la Ciudad de México no cuenta con la capacidad para atenderla.

La mayoría de los beneficios obtenidos los ha ganado a través de amparos, mostrando un amplio conocimiento de las leyes capitalinas con respecto a los derechos humanos, pero sobre todo,  aprovechando las supuestas deficiencias de la red hospitalaria y penitenciaria en la capital del país

El 3 de marzo pasado la líder magisterial fue ingresada en la Torre Médica en el Centro Femenil de Tepepan a consecuencia de problemas de hipertensión, arritmia y el riesgo de un infarto, según informaron autoridades capitalinas para justificar el traslado, por lo que nunca estuvo al interior del centro penitenciario.

Sus abogados consiguieron que ya no regresara al penal de Santa Martha, pues a criterio de la Secretaria de Salud capitalina  —bajo la administración de Armando Ahued—, era más seguro que permaneciera en el hospital de alta especialidad ante cualquier eventualidad que pusiera en riesgo su vida, entre ellas un infarto.

De ahí, sólo tuvo salidas esporádicas para que se le practicaran exámenes específicos,  pero cuando cumplió los 70 años, edad en que se considera una persona de la tercera edad —el 6 de febrero de 2015—,  su defensa redobló las acciones aludiendo que las leyes protegen a los ancianos, y más si están enfermos.

Asimismo, el 12 de noviembre de 2015, con  una completa discreción, se autorizó la salida de la ex líder magisterial al Hospital los Ángeles Pedregal Tercer Nivel, donde supuestamente iba a ser intervenida de un aneurisma, pero no se concretó, y en cambio la operaron sólo de una hernia.

Gordillo Morales permaneció en dicho nosocomio 52 días y  los litigantes que la defienden confiaban que su clienta se fuera directamente a casa, pues se informó en entrevista radiofónica que el director de la Torre Médica de Tepepan había entregado una carta firmada en la cual reconocía que no contaban con la capacidad técnica para garantizar la integridad de la septuagenaria.

Ese documento oficial expedido por la Secretaria de Salud capitalina fue  utilizado por sus abogados como prueba pericial para interponer un amparo por el cual se ordenó que Gordillo Morales fuera enviada a un hospital fuera del sistema penitenciario capitalino.

Aunque el Gobierno capitalino dijo ante los medios de comunicación que dicho documento no existía, éste fue la base para que el Juez Décimotercero de Distrito de Amparo Penal, a través de la demanda 4/2016 ordenara que la mujer ya no retornara Tepepan.

Mientras tanto, el abogado Marco Antonio del Toro esperaba que su clienta permaneciera en un Hospital particular en el Pedregal, pero ante el escándalo sobre la carta que presuntamente emitió el director de la Torre Médica, Argemio José Genes Naar, el GDF ordenó que fuera enviada al Hospital de Xoco o de Balbuena donde se cuenta con las especialidades para atender a la líder vitalicia del SNTE.

Pero la defensa de Gordillo Morales se movilizó e interpuso tres amparos en contra de diversas autoridades capitalinas y por los cuales se le otorgó la suspensión provisional del ingreso a Xoco o Balbuena.

Y si bien no regresó al hospital de tercer nivel como quería la defensa, con todas las comodidades  y atenciones para garantizar la preservación de su vida, se  impidió que retornara a un hospital público como Xoco o Balbuena, y que se le permitiera estar en un nosocomio más discreto, el María José en la Colonia Roma, pero fuera del sistema penitenciario.

Asimismo, permanecen vigentes los tres amparos que presentó la defensa y en cualquier momento el juez puede determinar que los hospitales capitalinos no son aptos para garantizar la salud de la septuagenaria acusado de haber sustraído más de 200 mil millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En días pasados el Tercer Tribunal Unitario ordenó que se estudiara nuevamente la petición de la defensa de Gordillo Morales para que se le concediera la prisión domiciliaria.

Con la pericia de su abogado, pero sobre todo con las omisiones de las autoridades del sector salud de la capital, no se descarta que Gordillo regrese a su casa aunque los jueces federales le nieguen dicho privilegio, como ya sucedió una vez.

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