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Justicia

Dos años sin esclarecerse caso Ayotzinapa

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Hasta el momento las autoridades no han podido establecer si los normalistas fueron asesinados o siguen con vida.

Aunque pareciera que 43 personas no pueden desaparecer sin dejar rastro,  en México ya son dos años de los hechos ocurridos en Iguala, y la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido establecer cuál es el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.

No se sabe si efectivamente fueron asesinados o si aún están con vida,  inclusive la principal línea de investigación o “verdad histórica de los hechos”, sobre el homicidio y posterior incineración de los cuerpos en el tiradero de Cocula, ha dejado de ser el argumento central de la PGR, y ahora se siguen otras hipótesis sobre los hechos.

“No estamos detenidos en una posición ni mucho menos; mientras la investigación siga abierta se obtendrá datos complementarios e inclusive distintos”, es la postura del personal ministerial que lleva las pesquisas a dos años de los acontecimientos en Iguala, Guerrero.

Inclusive, la procuradora, Arely Gómez dijo que: “la Procuraduría General de la República no ha dejado de hacer ningún esfuerzo, ha puesto todos los recursos humanos, materiales, para lograr esclarecer los hechos”.

“La investigación sigue abierta, estamos trabajando intensamente en varias líneas de investigación para continuar, sabiendo qué fue lo que paso en esa situación”.

Pese al número de especialistas e instituciones internacionales que han participado en las investigaciones, así como el pronunciamiento de instancias como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los estudiantes siguen sin aparecer.

En días pasados la PGR informó que se tienen detectados, a través de tecnología satelital y aviones no tripulados,  40 puntos, entre Iguala y Cocula, donde posiblemente haya fosas clandestinas con los restos de los normalistas, con ello, se está desvirtuando la versión sobre la incineración de los cadáveres.

En estas nuevas vertientes también se han sumado, otros elementos de prueba que se refieren a mil números telefónicos, algunos de ellos, de servidores públicos de Guerrero, que fueron utilizados durante la noche del 26 de septiembre del 2014, y los días subsecuentes a los hechos.

De haber persistido la denominada “verdad histórica” del entonces procurador, Jesús Murillo Karám, con base en las pesquisas del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio  no se hubiera llegado a estos nuevos indicios, y posiblemente establecer con bases científicas el paradero real de los 43 estudiantes.

Cabe recordar que inicialmente se reportaron 43 estudiantes desaparecidos, pero semanas después de los hechos fue identificado, Julio Cesar Mondragón Fontes, joven que fue desollado por sus agresores las misma noche del 26 de septiembre; posteriormente entre los restos óseos ubicados  en el Río San Juan y el tiradero de Cocula, expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria, encontraron información mitocondrial de Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.

 Sin embargo, ante el descrédito de Tomás Zerón, los padres de los normalistas insisten en que dichos vestigios fueron sembrados por las autoridades en el lugar, y con ello, confirmar la versión oficial de los hechos, con ello dejar de investigar el caso.

Al respecto, el vocero de los padres de los normalistas de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, Vidulfo Rosales, reconoció la importancia de las nuevas líneas de investigación de la PGR, mismas que corresponden a los 20 puntos recomendatorios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Por ello, la adquisición de la tecnología de vanguardia con cámaras de alta resolución LIDAR, para búsqueda de indicios y movimientos de tierra a través de rayos láser, así como aviones no tripulados y drones, es un avance importante en las pesquisas, y responde a las exigencias del GIEI, y sobre todos de los padres de familia.

“La PGR da pasos decisivos en respuesta a las recomendaciones del GIEI, que bueno que la PGR los tome en cuenta, que se avance en esa líneas, así como la tecnología LIDAR, otra de las recomendaciones insistentes del GIEI, que bueno que se está adquiriendo”, dijo Vidulfo Rosales.

Asimismo, los 40 puntos que se detectaron también forman parte de una de las rutas trazadas por los Expertos Independientes, quienes recomendaron a la PGR agotar estas líneas, pues había indicios que en dichos lugares hubo actividad posterior a los hechos ocurridos en Iguala.

El portavoz indicó que con base a los informes que la PGR ha rendido a los padres de familia, no significa que en estas 40 zonas  haya fosas clandestinas, sino que el rayo láser de las cámaras detectó movimientos o remoción de tierra que no corresponden a la topografía natural de la zona. 

“Lo que nosotros venimos denunciando es una lentitud para retomar estas líneas de investigación, el tema de la telefonía, de la búsqueda  en los terrenos. Desde el mes de abril se empezó a hablar de adquirir la tecnología, y se adquirió hasta el mes de junio, y hasta apenas ahorita se tiene el mapeo de la zona”, dijo el vocero.

Oficialmente no se ha reconocido que la separación del director de la AIC, Tomás Zerón fue uno de los planteamientos de los expertos del GIEI, luego que fue señalado públicamente por el Grupo Interdisciplinario por sembrar pruebas en el Río San Juan para cuadrar la “verdad histórica”.

Al respecto, los padres de familia y abogados  de los víctimas refirieron que el nombramiento de Zerón de Lucio como secretario del Consejo de Seguridad Nacional,  es para  protegerlo de su responsabilidad penal, y que no volverían a la mesa de diálogo con la PGR hasta que no se investiguen las acusaciones en su contra.

Por ello, amenazaron que no volverán a los diálogos con la PGR mientras no se investigue a fondo la actuación de Tomás Zerón, inclusive a pocos días de la renuncia del funcionario federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó información a la Procuraduría sobre el trabajo del director de la AIC.

Se trata  de uno de los  casos más polémicos en la historia contemporánea del país, que dejó al descubierto la filtración del crimen organizado en la política, además de la omisiones de las autoridades locales y federales, la falta de resultados y las irregularidades en actuaciones ministeriales.

Así como las denuncias por tortura contra los detenidos; violaciones a los derechos de los familiares de las víctimas, y los diversos amparos por la negligencia de las instancias a investigar, entre otros, pero en estos dos años el caso Ayotzinapa no ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su análisis.

Autoridades de la SCJN confirmaron que hasta el momento no hay ningún juicio de amparo o cualquier otro tipo de recurso presentado por la CNDH u órganos competentes, aunque los tiempos para llegar  hasta el Máximo Tribunal se requieren agotar las instancias y los tiempos necesarios.

En materia procesal, los principales implicados en el caso han obtenido veredictos judiciales  a su favor a través amparos, pues el pasado 7 de septiembre, Sidronio Casarrubias Salgado y su cómplice Norman Isaí Alarcón Mejía, señalados como líderes de Guerreros Unidos, fueron amparados por el Primer Tribunal Colegiado con sede en Toluca.

Por unanimidad, los magistrados revocaron el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, aunque dejaron firmes los cargos de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del ejército, y ordenaron al juez Segundo de Procesos Penales Federales  reponer el proceso.

Además  que deje fuera del expediente la información que el ministerio público obtuvo del portal Infomex del Consejo de la Judicatura Federal por el cual obtuvo información para inculparlo por delincuencia organizada;  realice una investigación exhaustiva por la denuncia de tortura en contra de los procesados, aplicando los protocolos de Estambul.

 Una vez subsanadas las deficiencias procesales el juez podrá dictar un nuevo auto, que puede ser  en el mismo sentido que el que fue revocado, pero son fundamentos legales y razonados.

Por otra parte, desde el mes de mayo, José Luis Abarca Velázquez interpuso un amparo por la negativa de las autoridades federales de brindar un tratamiento médico adecuado con base a sus padecimientos clínicos gastrointestinales,  y aunque en primera instancia el juez de Distrito se negó a analizar el asunto por incompetencia, un tribunal colegiado le ordenó reabrirlo.

Durante este año, Abarca Velázquez ha presentado diversos peritajes médicos, inclusive el juez ordenó en reiteradas ocasiones, e impuso una multa por las omisiones recurrentes de los peritos de PGR de asistir al Reclusorio del Altiplano a practicarle exámenes médicos y comprobar la complejidad de sus enfermedades.

Cabe destacar que si se confirma la gravedad de los padecimientos del presunto autor intelectual de la desaparición de los estudiantes, y si las autoridades penitenciarias no cuentan con el personal y equipamiento para asistirlo, como ha sucedido con otros reos como Elba Esther Gordillo, el juez podría ordenar excarcelarlo  para su tratamiento.

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