Justicia

Detecta PGR 40 puntos posibles de paradero de los 43 normalistas

También se detectaron más de mil números telefónicos, algunos de ellos de funcionarios, que fueron utilizados para coordinar el secuestro de las víctimas

A dos años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República no ha podido establecer si efectivamente fueron asesinados y calcinados, inclusive, el funcionario que llevó las investigaciones, Tomás Cerón de Lucio, fue separado de su cargo bajo la sospecha de que sembró pruebas en la supuesta escena del crimen.

Sin embargo, la dependencia informó que siguen abiertas diversas líneas de investigación donde se han ubicado 40 puntos de investigación donde hay elementos que pueden suponer la presencia de los jóvenes, así como mil números de teléfonos que fueron utilizados por los secuestradores para coordinar las acciones en contra de los estudiantes.

En reunión con representantes de la prensa, Alfredo Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, confirmó que hay avances importantes en las investigaciones, a partir del uso de la tecnología líder.

El funcionario de la PGR informó que se trata de aviones no tripulados que pueden grabar y fotografiar en segundos un radio de hasta 400 metros lineales, por lo que se encontraron 40 posibles puntos de investigación donde se presume pueden ser fosas clandestinas en inmediaciones de Iguala y Cocula, en Guerrero.

Por ello, confió que con los avances sobre las pesquisas se reanuden las mesas de dialogo con los padres de familia de los normalistas desaparecidos, al asegurar que a través de la investigación científica que se lleva a cabo se demostrará la verdad del paradero de las víctimas.

Por otra parte, la PGR cuenta con apoyo de especialistas del Buró Federal de Inteligencia de Estado Unidos, (FBI), a fin de recabar mayor información respecto a la desaparición de los normalistas.

Asimismo, se indica que también que se rastrea un número importante de teléfonos celulares, los cuales podrían ser más de mil, algunos corresponden a algunos servidores públicos, para establecer una red de vínculos que permita detener a más posibles involucrados.

Hasta el momento hay 128 personas bajo proceso por estos hechos, mientras que las investigaciones siguen su curso y no se descartan más detenciones, para dar con el paradero de las víctimas.

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