Justicia

Corrupción, el enemigo a vencer con el nuevo sistema penal

RECLUSORIO

En los estados donde se ha implementado crecieron los delitos de alto impacto.

Después de ocho años, los Gobiernos federal y estatales dieron cumplimiento al mandato constitucional sobre los juicios orales, o por lo menos así lo aseguraron  a través de ceremonias inaugurales, ruedas de prensa e informes, al declarar instaurada la oralidad.

Sin embargo, son más las incertidumbres que las certezas que este nuevo modelo de impartir y procurar justicia ha traído tras de sí, pues en las entidades donde se aplicó paulatinamente, –entre ellos el Estado de México y Morelos– en los últimos años, se han posicionado en los primeros lugares a nivel nacional en la comisión de delitos de alto impacto como el secuestro y el homicidio.

Días previos a la entrada en vigor a nivel nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 18 de junio pasado, el Senado de la República aprobó las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que serán la base de todo el sistema penal.

Al respecto, el catedrático y abogado litigante en materia penal, Rodolfo Félix Cárdenas aseguró que será en la práctica como se observe si efectivamente se cumplirá con los preceptos para los que fue instaurado el sistema penal acusatorio, y si efectivamente las reformas al CNPP cumplen con el mandato constitucional.

El experto enfatizó en este punto porque ahora el CNPP será el único código penal que rija la vida ministerial y judicial en México, lo que se podría interpretar como un buen augurio en materia de combate a la corrupción, pero no habrá ley universal.

Las bondades

En esencia el Nuevos Sistema de Justicia Penal (NSJP) de corte acusatorio o adversarial, fue ideado para lograr una equidad jurídica entre las partes, terminar con la corrupción a través de la vigilancia ciudadana y la transparencia;  despresurizar las cárceles, privilegiar la presunción de inocencia y la reparación del daño a las víctimas.

Abogados penalistas han reconocido  que son muchas las bondades que ofrece el sistema adversarial entre ellas, transparenta la acción de la justicia a través del principio de publicidad; una justicia más rápida y expedita; la continuidad inmediata del juicio sin interrupciones; el reconocimiento puntual de la presunción de inocencia, pues  ahora es el Ministerio Público quien tiene que aportar las pruebas para comprobar la acusación en contra del detenido.

Además de los mecanismos para solucionar los casos antes de iniciar un juicio oral que contemplan: los Medios Alternativos  para la Solución de Controversias; el juicio abreviado, la medicación, la medidas caucionales, entre otros beneficios,  para evitar al máximo que los presuntos responsables ingresen al reclusorio, y siempre garantizando la reparación del daño de la víctima, y en delitos no graves que se persigan de oficio.

Ahora ya no habrá ficha signalética, hasta que no haya una sentencia firme y confirmada en contra del implicado, por ello, ya no tendrá antecedentes penales, si en el trayecto del proceso se llega a un acuerdo reparatorio que deje satisfechas a ambas partes, lo que se le conoce como el: “ganar-ganar”.

Otra ventaja es que la víctima es parte activa en el proceso, es escuchada, asesorada, y vista por las leyes como el principal afectado de un hecho delictivo,  tiene nuevos derechos  como el acceso un abogado víctimal especializado;  aquí ya no es el juez o el MP quienes acusaban o sentenciaban unilateralmente sin escuchar.

Las incertidumbres

El modelo deriva de un esquema anglosajón, donde hay tres  puntos que se diferencian de la justicia mexicana; en países como Inglaterra y Estados Unidos no cuentan con el juicio de amparo, los ciudadanos respetan, creen y  temen a las instituciones, pues rendir un testimonio falso es un crimen que se paga con cárcel, y sus corporaciones policíacas están capacitadas para aplicar los protocolos respetando las normas.

Ahora, dicen los expertos que el sistema penal acusatorio se ha “mexicanizado” en las entidades donde se comenzó  a aplicar desde años anteriores,  y ha retomado todas aquellas características y vicios que se pretendía dejar atrás en el proceso inquisitivo, ahora los actos de corrupción se focalizan en mayor medida en la integración de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público, previo a su etapa de judicialización.

“Con la entrada del Sistema Penal Acusatorio al país se le espera un caos, porque  responde a un sistema que no es nuestro que es el norteamericano, pero con una realidad absolutamente distinta, en la que ni los policías, ni los fiscales, ni los abogados, ni los jueces, ni las cárceles, están capacitadas para enfrentarlo”, dijo el abogado penalista, Juan Velázquez Evers.

En éste punto, señaló la relevancia de las instituciones policíacas dentro del modelo acusatorio, pues la denominada cadena de custodia y preservación del lugar de los hechos  son los momentos fundamentales para iniciar una carpeta de investigación, en la cual el agente ministerial planteará su teoría del caso con base en el trabajo previo de los agentes policíacos.

“Las corporaciones policías son el eslabón inicial  sin  el cual toda esa cadena está condenada a fracasar; en Jalisco, dizque entró en vigor ese sistema y al día siguiente pusieron en libertad a 50 % de los detenidos, por violaciones a la debida detención”, dijo el experto.

En la práctica, la realidad sobre la justicia en México, ya sea bajo el método tradicional o el acusatorio, no es diferente y la corrupción ha encontrado las omisiones legales, y sobre todo morales y éticas en los servidores públicos para comenzar a corromper el nuevo modelo.

La cadena de custodia, el juicio abreviado, los medios alternativos de solución de controversias, la mediación, las medidas de protección y cautelares  entre otros beneficios, son algunos de los puntos donde han comenzado a resurgir los vicios de la corrupción, sobre todo en el Estado de México, donde estos beneficios se otorgan a discreción y bajo el criterio, profesionalismo, ética y moral del MP, quien tiene la potestad exclusiva de hacerlo antes de judicializar el asunto.

En este tema, Rodolfo Félix reconoció la complejidad de la aplicación de la justicia en la entidad mexiquense, que de ninguna manera debe de ser un referente sobre el sistema penal acusatorio, y aseguró que no se trata de códigos o leyes, sino de seres humanos consientes de la necesidad de todo un país de obtener justicia.

En las entidades donde ya se aplica el sistema de manera parcial o total en delitos del fuero común o federal, se ha detectado que en las diferentes etapas del juicio oral no hay entrada al debate, pues los actores sólo se aprenden el discurso, leyes según sea el caso; estribillos legaloides, e inclusive el acento y ritmo  de la lectura y entonación de los expedientes es monótono.

Y es que oralidad no es lectura, pues los actores, fiscal, MP o defensor deben llegar preparados a las audiencias, y evitar lo mayormente posible, leer la carpeta de investigación como ordena la ley, pero en la práctica sucede lo contrario.

Los abogados señalaron que muchos de estos ejemplos se pueden observar a través de videos que se encuentran en la red, y algunos de ellos se ha utilizado como muestra de los vicios jurídicos que no se deben cometer.

Otro punto, que parecía una de las mayores bondades, la medición, ha dejado al descubierto que muchas veces las víctimas no quieren justicia, sino venganza, y no reparación del daño, sino retribución y desde está lógica, sólo se hace justicia con la cárcel, pues así se lo han hecho saber sus clientes.

El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y abogado litigante José Óscar Valdés Ramírez, alertó sobre las limitaciones que hay al juicio de amparo, una de las máximas garantías para combatir la corrupción y los vicios procesales.

“El amparo está extremadamente limitado, muy muy limitado, la Ley de Amparo no es progresiva, es anticonstitucional. La Constitución dice que la Ley debe ser progresiva, que debe ser benéfica. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penal con muchos artículos progresivos, pero una Ley de Amparo que no es progresiva”, dijo el académico.

Aunado de las Leyes relacionadas con la Ejecución Penal,  recién aprobada en el Congreso, así como en los temas de arraigo, tortura, y justicia militar que resulta, incluso, anticonstitucional.

Pena privativa de libertad y reclusorios

Cabe destacar que la instauración del NSJP se da en medio de una de las más severas crisis penitenciarias en el país, donde en los últimos años se han registrado motines, homicidios, fugas; entre ellas la de Joaquín Guzmán Loera, que han dejado al descubierto el sistema de corrupción en el cual se fundamenta la vida interna de los penales locales y federales.

El Estado de México, con el Penal de Barrientos, donde hubo motín y fuga de tres reos; el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, donde dos internos de alta peligrosidad, en complicidad con personal de los juzgados y custodios, lograron escapar a plena luz del día; en Tamaulipas, el penal de Topo Chico, con dos motines en menos de un año; el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, donde escapó “El Chapo”, son un ejemplo de la crisis penitenciaria.

Muchos de estos enfrentamientos se han dado por el control del mercado de la venta y distribución de droga al interior de los penales, lo que ha dejado al descubierto la falta de control de las autoridades sobre la población derivada del hacinamiento y el autogobierno.

Con ello,  no se ha cumplido con uno de los preceptos por los cuales se instauró el NSJP, que era lograr la despresurización de las cárceles a través de diversos beneficios legales y que la pena privativa de la libertad fura la excepción y no la regla, y con ello, lograr una readaptación efectiva de los reos.

En muchas de las entidades con crisis penitenciarias desde hace años comenzó a aplicarse de manera paulatina el modelo adversarial, y los internos tenían derechos a diversos beneficios como las medidas cautelares, la garantía de reparación del daños, los criterios de oportunidad etcétera.

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