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Justicia

Capos luchan por privilegios en el Altiplano

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La fuga del Chapo Guzmán exhibió la vulnerabilidad del penal de “máxima seguridad” y también los beneficios a los que tienen accesos reos de alta peligrosidad.

 

Aunque parezca una paradoja aquellas personas que han vivido de violentar la ley apelan a ella para que se les otorguen privilegios que ni siquiera están estipulados en los reglamentos penitenciarios, como tener televisión en sus celdas de las prisiones de máxima seguridad.

En los últimos meses, los juzgados de distrito en el Estado de México recibieron una gran cantidad de demandas de amparo de reos de alta peligrosidad, quienes pretenden que la ley les permita recuperar sus aparatos electrónicos, principalmente, televisiones.

Los juicios evidencian la corrupción que les permitía a los presos tener esos privilegios y ahora que se les restringen consideran que se están violentando sus derechos humanos, contra la libertada de expresión y a estar informados.

Los juicios proceden principalmente del segundo distrito, Estado de México, donde está el Centro Federal de Readaptación Social, número 1, Altiplano, de donde se escapó Joaquín Guzmán Loera la noche del sábado 11 de julio del 2015, después del incidente las autoridades penitenciarias federales reforzaron las medidas de seguridad y retiraron los  aparatos electrónicos.

Las relajadas medidas de seguridad en el penal quedaron en evidencia a través de los videos donde se escucha y observa que minutos antes de la fuga, Guzmán Loera subió al máximo el volumen de su televisor para cubrir los golpes que se escuchaban a través del túnel por donde iba a escapar.

El Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Ceferesos estipula que los incentivos tienen como objeto propiciar el buen comportamiento institucional y la participación de los internos en los programas de readaptación social.

En el artículo quinto solo se enumeran cinco estímulos que podrá darse a los reos, entre ellos tener acceso hasta tres publicaciones, previa valoración del área educativa y poseer en su estancia hasta tres fotografías familiares; pero no se mencionan aparatos electrónicos.

También pueden poseer una imagen religiosa impresa en papel, recibir visita familiar e íntima conforme a las posibilidades institucionales y hacer una llamada telefónica extraordinaria.

El manual no hace referencia en ninguno de sus 29 artículos, y dos transitorios, sobre la posibilidad de tener aparatos como televisión, radio, tableta, teléfono, computadora, entre otros.

Mientras que en el artículo 74, fracción II, del reglamento de Centros Federales de Readaptación Social prohíbe introducir a los penales este tipo de aparatos.

“Se prohíbe al personal del centro federal, internos y visitantes introducir teléfonos celulares o satelitales, radios o equipos receptores-transmisores y cualquier otro instrumento de intercomunicación o sistema de comunicación electrónica, equipo de cómputo u otros dispositivos que pueda usarse para comunicación no autorizada”, precisa el artículo.

Pese a las restricciones, los juzgados federales atienden decenas de amparos donde los reos exigen la devolución de sus televisiones, con el argumento de que se les está privando del contacto con el “mundo exterior”.

Entre los quejosos están los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Omar Treviño Morales, el Z-42, líderes de Los Zetas; Santiago Meza López, El Pozolero del Teo, integrante del Cártel de Sinaloa y al que se le atribuye haber disuelto a más de 300 personas en sosa caustica.

Además están Rafael Álvarez Ayala y Jesús Santiago Álvarez Ayala, quienes fueran hombres del primer círculo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes también exigen la devolución de su televisores.

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