Justicia

Bajan discusión de caso Ficrea; la ministra era una de las afectadas

La ministra encargada del proyecto de discusión y su esposo eran ahorradores afectados.

De último momento el proyecto de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Luna Ramos por el caso de la Financiera de Crédito Popular (Ficrea) se bajó para su discusión en la Segunda Sala, pues la ministra reconoció ante sus pares que tanto ella como su esposo, eran ahorradores de la financiera y también fueron defraudados.

Aún con ello, su proyecto de sentencia, que hoy se debería de votar por los ministros de la segunda sala, estaba por negar  el amparo a las víctimas del Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario que fue beneficiado hace unos días con el amparo definitivo en contra de la orden de aprehensión por fraude.

Por ello, los afectados presentaron un juicio de amparo para que se deslindara al Gobierno federal del asunto y no se revise bajo el esquema de un concurso mercantil, pues con ello no se garantiza que recuperen el total de su inversión.

Inclusive, previo a la determinación de la ministra de revelar que ella y su conyugue también fueron defraudados, los ahorradores protestaron en diversas ocasiones frente a las instalaciones de la SCJN exigiendo imparcialidad de la togada al momento de hacer su proyecto de sentencia, que hoy se sabe iba a ser contrario a los afectados.

Ahora será el ministro, José Fernando Franco González Salas quien deberá establecer si retoma el proyecto de Luna Ramos, sí realiza uno completamente nuevo y decide amparar a los ahorradores.

Y es que las víctimas pretenden que la Corte establezca si hubo negligencia por parte de la CNBV en el fraude y en su caso se determine que el Gobierno federal devuelva la totalidad de los ahorros a los casi mil afectados que se adhirieron al amparo en revisión 266/2016.

En meses anteriores, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a través de una tarjeta que el Juzgado Decimocuarto en Materia Civil  reconoce en sus sentencia  como acreedores en grado común a 4 mil 907 personas –físicas y morales-, así como a 14 acreedores en grado subordinado.

Además que existen 139 juicios laborales seguidos en contra de la empresa que se declaró en quiebra, en los que si bien no se ha emitido laudo en el cual se le condene, el juez ordenó al síndico Javier Luis Navarro Velasco, mantener bajo reserva los bienes correspondientes para que en el momento en que sea emitida una resolución condenatoria se garantice el pago de lo reclamado por los acreedores.

Pero jamás se dice de qué manera las víctimas del fraude van a recuperar su dinero o dónde se encuentran los recursos, pues apenas se les ha reconocido como víctimas, y que tienen derecho a reclamar su dinero.

En este sentido, los ahorradores de Ficrea iniciaron un juicio de amaro en contra del concurso mercantil para que les sea devuelto el total de su inversión, y no sólo el porcentaje correspondiente derivado de los activos y bienes embargados de la financiera.

En respuesta a dicho fallo, los ahorradores defraudados se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que atraiga para su estudio la demanda de amparo indirecto 197/2016 por la cual exigen el pago inmediato de su dinero.

Con base a las investigaciones ministeriales, los 2 mil 700 millones de pesos fueron invertidos por el presunto defraudador en negocios de bienes raíces, pues adquirió varios inmuebles en diversas partes del mundo, así como lotes de autos, movimientos financieros que no fueron reportados a sus socios.

Olvera Amezcua hacía firmar a los ahorradores diversos documentos, sobre créditos de la CNBV, y es ahí donde se realizaba el desvió  de fondos.

Del total del fraude se pudieron recuperar 3 mil 200 millones de pesos entre bienes e inmuebles,  pero aún siguen sin ser recuperados 2 mil 700 millones mismos que presuntamente obran en cuentas bancarias en el extranjero.

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