Justicia

Atrae Pleno de la SCJN amparo para abrir la información de fosas en San Fernando y Cadereyta

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El Pleno consideró que el asunto tiene trascendencia nacional por ello lo atrajo, aunque continuará en listas en espera de sus resolución.

Bajo el argumento de que se trata de un asunto de trascendencia nacional el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo que promovió una organización civil que busca el acceso a los archivos de las fosas clandestinas de San Fernando, en Tamaulipas, donde fueron localización más de 300 cuerpos.

El asunto se debería de discutir hoy en la Primera Sala; sin embargo, de último momento fue sacado de las listas, por lo cual, seguirá en espera de ser resuelto.

Y es que a través de un juicio de amparo la ONG busca obligar a la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a abrir los expedientes sobre la muerte de migrantes de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, que involucra a 314 víctimas ejecutadas e inhumadas en fosas clandestinas.

La Primera Sala debería determinar  si la negativa de la PGR a entregar a una organización no gubernamental la versión pública de los expedientes ministeriales es violatoria de las leyes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Organizaciones no gubernamentales presentaron recursos conocidos como amicus curiae en los cuales recomiendan que se reconozca la facultad que del INAI para pronunciarse prima facie (a primera vista) sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos, sin que exista pronunciamiento de autoridad previa.

Además de que pidieron a la Corte decidir a favor del derecho a la información y el derecho a la verdad en estos casos.

En su momento,  la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho (FJEDD), quien apoya a los  familiares de víctimas de migrantes, pidió a la Procuraduría General de la República acceso a las versiones públicas de las averiguaciones previas de ambos asuntos.

No obstante, la dependencia federal negó el acceso bajo el argumento que se trataba de un tema de reserva de ley, criterio que fue confirmado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En respuesta, la FJEDD tramitó un recurso de amparo del cual conoció Fernando Silva García, quien dio la razón a la ONG, por ello, el  IFAI (ahora INAI) y la PGR tramitaron un recurso de revisión que recayó en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que declinó competencia a la Suprema Corte.

El juez que amparó a la Organización estimó que se trata de un caso de violaciones graves a derechos humanos “que afectan a toda la colectividad” por lo que debe operar la excepción a la restricción de la información de la averiguación previa.

“Esto, dado que la sociedad está interesada en conocer la verdad histórica de los hechos y exigir la rendición de cuentas para que la investigación sea llevada con la debida diligencia a fin de sancionar y enjuiciar a los responsables”, dijo en sus resolutivo el juez de amparo.

Señaló que el entonces IFAI violó el derecho al acceso a la información pública del peticionario “y por ende, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a ésta a fin de que pueda obtener una versión pública de dichas averiguaciones previas”, dijo.

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