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Normalistas no fueron calcinados en Cocula: GIEI

Ayotzinapa

Padres exigen reunión con Peña Nieto, que se investigue al ex procurador Murrillo Karam, y que expertos continúen trabajando por tiempo indefinido.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron calcinados en el tiradero de basura de Cocula, por ello, los padres de familia tienen la esperanza de que aún continúan con vida.

Hoy los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) echaron por tierra la investigación del ex procurador, Jesús Murillo Karám, de que los jóvenes fueron asesinados y posteriormente reducidos a cenizas.

El investigador Alejandro Valencia aseguró que científicamente es imposible calcinar 43 cuerpos, pues se necesitarían más de 30 mil kilos de leña o 13 mil neumáticos de caucho como combustible y avivar una hoguera por más de 60 horas para lograrlo.

La fogata generaría llamas de ocho metros, y una fumarola de 70, lo que sería imposible que escapara a la percepción de la población en general. Además que hubiera generado una onda de calor o radiación de 16 kilowatts, y cualquier cuerpo normal, con riesgo a sufrir quemaduras, sólo soporta 2 kilowatts, y para acercarse a ella era necesario equipo especial de protección.

Por su parte, la experta Claudia Paz y Paz dijo que no hay indicio alguno que el motivo de la agresión en contra de los muchachos de la Normal Isidro Burgos haya sido por su relación con Los Rojos, grupo antagonista de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los plagiaron por órdenes de la pareja Abarca Velázquez.

No se logró confirmar que estuvieran armados; el único objeto que les encontraron a las personas asesinadas en el lugar, fueron piedras, —de las cuales nadie pudo acreditar que las utilizarían para agredir a la población civil, ni que tuvieran la intensión de llegar a Iguala a realizar un mitin o boicotear los actos oficiales—.

Entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre se registraron nueve ataques contra los normalistas así como de la población en general, lo que dejó al menos seis personas asesinadas directamente por los grupos armados, 120 estuvieron expuestas a las agresiones, 40 fueron heridas, y 43 normalistas desaparecieron.

El GIEI documentó que elementos de los tres niveles de Gobierno municipales, estatales y federales, entre ellos militares, estuvieron al tanto de los hechos, inclusive utilizaron los canales y recursos del programa de comunicación C-4 para monitorear y rastrear a los muchachos mientras pretendían escapar de las agresiones.

Asimismo, explicaron que en la zona de Iguala se tienen registradas 148 desapariciones forzadas entre los años 2012 y 2014, de ellas, 55 fueron durante la administración de José Luis Abarca Velázquez.

Al respecto, los padres de los 43 estudiantes exigieron en primer lugar reunirse con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; que se investigue al ex procurador, Jesús Murillo, y que se amplíe por tiempo indefinido la presencia de los cinco especialistas de la GIEI hasta que aparezcan sus hijos.

En respuesta, la procuradora, Arely Gómez González dijo que primero se iban a valorar los resultados del grupo interdisciplinario, para verificar si era posible integrarlos a la averiguación previa sobre el caso.

“En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la Procuraduría General de la República para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta Institución”.

Además que dio instrucciones para que el grupo de expertos del GIEI siga trabajando, por espacio de seis meses más.

“Por tanto, me permito anunciar que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos, en los términos y modalidades que serán acordadas con todas las partes”, dijo la funcionaria.

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