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Solicitan arresto administrativo contra Ricardo Monreal

El jefe delegacional en Cuauhtémoc no respondió a una queja interpuesta por el incumplimiento de un laudo.

La Sexta Sala de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solicitó el arresto administrativo por 12 horas en contra de Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, por inejecución de sentencia de reinstalación y pago de un laudo hacia un empleado que la demarcación despidió desde 2008.

Pese a que las partes tomaron conocimiento de la resolución el pasado nueve de marzo, y le otorgaron al delegado cinco días hábiles  para el cumplimiento de la sentencia,  hasta el momento no se le ha dado una respuesta satisfactoria al quejoso Héctor Avilés Martínez.

Por ello, se giró oficio a la Procuraduría General de la República para que a través de la Policía Federal Ministerial se dé cumplimento a la orden de arresto por 12 horas en contra del funcionario o en su caso quien este a cargo de la delegación Cuauhtémoc en el momento de ejecutar el acto.

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Al respecto, el ex empleado delegacional, Avilés Martínez  informó que se trata de un juicio por despido injustificado del año 2008, y después de cinco años de diversos litigios en material laboral, entre ellos el juicio de amparo, la justicia falló a su  favor.

No obstante, desde el 2013 no se ha cumplido con el fallo judicial, y a la fecha ha notificado en siete ocasiones a las autoridades delegacionales para que el trabajador sea reintegrado a su plaza, y se le paguen el dinero por concepto de “sueldos caídos”, y demás prestaciones laborales a las que tiene derecho.

“El personal del área jurídica  de la delegación Cuauhtémoc le ha argumentado que no hay recursos económicos para pagar el dinero adeudado y que tampoco hay plazas para reinstalarlo”, dijo el trabajador en entrevista con El Big Data Mx.

Recordó que el pasado nueve de marzo se dio la última notificación sobre su situación pero tampoco se ha ejecutado la orden emitida y ratificada por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del expediente 4449/2018 donde se ordena girar una orden de arresto en contra del delegado actual de la referida demarcación, Ricardo Monreal.

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El ingeniero de profesión, reconoció que el despido injustificado no se dio durante la actual administración. Sin embargo, es en este periodo donde no se le ha querido regresar su trabajo y pagar el adeudo.

“Se condena al titular de la delegación Cuauhtémoc a reinstalar y reconocer como trabajador de base a C. Héctor Avilés Martínez en el puesto de jefe de sección u homologa adscrito a la jefatura de la Unidad Departamental de capacitación y Desarrollo Personal…así como a otorgarle el nombramiento de base; al pago de los salarios caídos por el periodo comprendido de julio del 2008 al 31 de mayo del 2013 a razón de $299,543 pesos y por concepto de aguinaldo 33, 846 pesos…”, dice el tercer punto resolutivo de la sentencia.

Se estima que son cerca de 500 mil pesos en total de todos los adeudos por conceptos de primas vacacionales, cuotas  del IMSS, y otro tipo de prestaciones, pero sólo hasta el año 2013, cuando se dio la sentencia a su favor, de ahí a la fecha se han acumulado otra cantidad similar por la renuencia de las autoridades a reinstalarlo  su puesto, dijo el afectado.

A través de la notificación el juez de la causa rememoró diversas tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las medidas de apremio ante la inejecución de una sentencia por adeudo de laudos, entre ellas, el arresto con apoyo de las autoridades federales.

“Ahora bien de acuerdo con  en el (sic) artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se establece que todo auto de autoridad debe estar fundado y motivado se aprecia que la titular (sic) de la Delegación Política Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila ha violentado el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución…consistente en la administración de justicia pronta y expedita, ya que ha incumplido en diversas ocasiones  con los e ordenados  en los acuerdos plenarios…”, consideraron los magistrados de la Sala.

A través de la notificación se advirtió que en caso de que no se cumpla con la ejecución  de la sentencia, e independientemente de que se ejecute el actual arresto administrativo, ante un nuevo  desacato se castigará con 24 horas de arresto.

Cabe destacar que el funcionario pueden solicitar la protección de la justicia federal a través del amparo, y con ello evitar que se ejecute la orden judicial a través de una suspensión definitiva, hasta que se resuelva el fondo del juicio, en la que puede ser ratificada la sentencia de la Sexta Sala, revocada o modificada.

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Sólo ante este escenario,  mientras dura el juicio de amparo, Monreal Ávila no podría ser arrestado, peso sólo en caso que obtenga la suspensión provisional o definitiva, o que en ese lapso de tiempo se cumpla con la sentencia laboral a favor del empleado.

Por ello, Avilés Martínez  pidió al delegado que le ayude a que se cumpla  con el fallo judicial, pues tal vez su personal administrativo o del área jurídica no le han informado sobre la orden de arresto, y a él lo que le interesa es recuperar el trabajo y su dinero, y no que el funcionario sea detenido.

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