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Inconstitucional Artículo 69 de la Ley de Movilidad de la CDMX

Personas con discapacidad tienen derecho a reexpedición de licencia de conducir

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México por el cual se negaba expedir nuevamente la licencia de conducir a personas con alguna discapacidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentaba  que los artículos séptimo, noveno y  69 de la Ley de Movilidad contradicen el artículo Primero  constitucional y diversos tratados internacionales, cuyos objetivos son promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos a las personas con discapacidad.

Sin embargo solo fue invalidado el artículo 69, pues violenta  las libertades para reexpedir permiso o licencia para conducir si existe alguna discapacidad mental o física, pues  incumple el deber del Estado de promover la inclusión social de los miembros de este grupo y no adopta las medidas pertinentes para que se puedan superar los obstáculos derivados de la discapacidad física o mental.

Tal norma viola el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica, dignidad, igualdad y no discriminación.

Asimismo fueron avalados los artículos Séptimo y Noveno, por los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentaba que había una prioridad al uso del automóvil sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que dicha ley era discriminatoria.

También se desechó la propuesta modificada del proyecto, en el sentido de invalidar toda la norma por vicios en el procedimiento, al no haberse llevado a cabo la consulta prevista en la convención internacional.

A consecuencia de ello, se pasó al análisis del proyecto alterno del ministro Alfredo  Gutiérrez Ortiz Mena donde sólo se analizan los conceptos de las invalidez planteados por las Comisiones, sin que de paso a la suplencia de la queja.

De acuerdo al proyecto, se validaron los artículos 7, f. II y 9, f. LXIV, mientras que se invalidó el 69, f. II, al resultar discriminatorio y no dar seguridad jurídica.

Asimismo se comenzó con la discusión del artículo 212 del referido reglamento por el cual se ordena que los ciudadanos u organizaciones que vayan a realizar una marcha o manifestación lo tienen que hacer con 48 horas de anticipación.

El tema es que si solo deben informar anticipadamente o deben recibir al mismo tiempo la autorización de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina para realizar el acto.

“-¿El aviso previo a la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones y peregrinaciones cuya finalidad sea “perfectamente lícita”, viola los derechos humanos de reunión, no discriminación, libertad de expresión y legalidad?”, es la cuestión planteada en la SCJN.

Como se recordará el lunes pasado la SCJN comenzó con el análisis de dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por órganos de derechos humanos contra la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, que se presume  criminaliza la libre manifestación y restringe la libertad de tránsito de los ciudadanos.

Las acciones de inconstitucionalidad  96 y 97/2014, presentadas por la  Comisión Nacional de Derechos Humanos y  la Comisión capitalina, respectivamente, consideraron que la ley viola las garantías individuales  de las personas con discapacidad, así como de los ciudadanos  que desean manifestarse sobre vías primarias.

Ambos órganos consideran que la Ley de Movilidad prioriza el uso de vehículos motorizados a la capacidad física e intelectual de las personas con capacidades diferentes. Además de la criminalización de la protesta social, y el derecho a la reunión,  que es uno de los preceptos constitucionales protegidos  por la Constitución.

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