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Extorsión y corrupción al alza en mercados públicos

Organizaciones de comerciantes reportaron un incremento en actos de corrupción y extorsión contra locatarios en el primeros meses de este 2016.

La proliferación de tiendas de autoservicio, el deterioro de la infraestructura y la extorsión por las autoridades delegacionales y funcionarios públicos son los problemas cotidianos que deben enfrentar locatarios de los 329 mercados públicos de la Ciudad de México, que en fechas recientes se ha incrementado esta actividad.

Diferentes organizaciones de comerciantes reportan un alza, durante los primeros meses de este 2016, en intentos de extorsión por parte de trabajadores del Gobierno de la Ciudad y de las administraciones delegacionales, bajo el argumento de condonar deudas y evitar el cierre de sus locales.

En la mayoría de las ocasiones, afirman los comerciantes, se debe a las deudas que tienen los locatarios de los centros de abasto popular en servicios como el agua y luz, e incluso por la falta de documentos que acrediten al trabajador como dueño de su local.

Además, explican que las visitas a sus puestos de trabajo y avisos que reciben podrían ser por la posible actualización del padrón de comerciantes y la modernización del Reglamento de Mercados del Distrito Federal que data desde el año 1951.  

El problema no es nuevo, el Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México ha denunciado desde el año pasado un incremento de este tipo de actos contra los locatarios de los mercados públicos de la capital del país.

A esto se le suma al calvario que deben pasar a la hora de realizar un trámite para mejorar sus puestos o cambiar un giro comercial, pues se les pide hasta 30 mil pesos para agilizar la documentación por miembros de las mesas directivas de algunos mercados y funcionarios del Gobierno capitalino.  

Las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero y Benito Juárez encabezan la lista de quejas de este tipo, y aunque el número de mercados es distinto en cada demarcación, la denuncia es la misma: corrupción y extorsión por servidores públicos.

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