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Detención arbitraria, patrón político del Estado mexicano

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OSC denunciaron que el Gobierno mexicano mantiene a tres activistas detenidos sin argumentos legales y no cumple con obligaciones internacionales sobre derechos humanos

Cargos por delincuencia organizada y secuestro son los delitos imputados a los defensores y defensoras de derechos humanos, que las autoridades mexicanas argumentan sus detenciones arbitrarias, denunciaron 11 organizaciones de la sociedad civil.

Durante la presentación del informe Detenciones arbitraria e ilegal. Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México, enfatizaron que este es el patrón de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para realizar detenciones arbitrarias.

Dicho informe documenta los casos de los oaxaqueños Damián Gallardo Martínez y Librado Jacinto Baños Rodríguez; de Enrique Guerrero Aviña (CDMX); Pedro Celestino Canché Herrera (Quintana Roo) y Néstora Salgado García (Guerrero) -estos dos últimos ya liberados.

Y es que en los últimos tres años se registraron mil 786 agresiones en contra de defensores: 578 en 2013, 501 en 2014 y 707 en 2015, según datos de la Relatoría para la Atención de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF).

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En el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez, Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, detalló que en los tres casos de Gallardo, Baños y Guerrero, los recursos legales ya fueron agotados, pero las autoridades mantiene los cargos sin elementos probatorios.

“Las pruebas se han ido cayendo, no hay elementos que los incriminen, las llamadas anónimas que presentaron están ligadas a ciberespacios de prostitucion y extorsión, los protocolos de Estambul que evidencia que hay tortura no ha sido notificados”, explicó.

Además denunció que las quejas que han interpuesto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están paradas pese a las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la ONU.

Ivi Oliveira, coordinadora de Protección para América Latina, de la organización internacional Front Lind Defenders, dijo estar preocupada ante la negativa del Estado mexicano de cumplir sus obligaciones internacionales para proteger los derechos humanos.

“Por hacer oídos sordos a las recomendaciones de liberación de personas defensoras: Damián Gallardo, Librado Jacinto Baños y Enrique Guerrero”, declaró.

Además exigió el cese de acciones penales en contra de Néstora Salgado, quien pese a que fue liberada el 18 de marzo de este año, no le ha dado la indemnización compensatoria, rehabilitación física y psicológica ni garantías de no repetición.

En la presentación también participaron Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y preso político durante el gobierno de Calderón Hinojosa, Víctor Hugo Carlos, de ProDH y familiares de los detenidos, quienes denunciaron los daños que el Estado mexicano les hace al mantenerlos injustamente detenidos.

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